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La derecha local entiende que el Gobierno chiclanero “en realidad está salvando de un problema a un banco"; considera que puede suponer “un tremendo efecto llamada” a que se ocupen pisos vacíos, ya que luego vendrá el Ayuntamiento a pagar el alquiler.

“Son solo diez viviendas, pero si lo comparamos con estos cuatros años atrás, no solo en Chiclana sino también en otros ayuntamientos, tan solo hay que evaluar la importancia de este acuerdo”, interpreta el alcalde socialista.

La iniciativa se terminó retirando del orden del día del reciente pleno de abril en aras de conseguir el mayor respaldo de los partidos posibles. Esta ordenanza promovida por el bipartito persigue impulsar el alquiler social de viviendas vacías en Cádiz.

Las actuaciones proyectadas contemplan la rehabilitación de zonas comunes de los edificios y la reparación de fachadas, cubiertas, escaleras e instalaciones. Además, prevén también intervenir en los espacios públicos de algunas de estas barriadas para mejorar así el entorno.

“La solución no pasa por plantarse en la puerta de la vivienda como otros alcaldes hacen para salir en prensa, sino en actuar de forma coordinada con los Juzgados, por supuesto, de forma responsable”, deja caer la concejala de Vivienda.

La PAH de El Puerto ha mostrado su asombro por la interpretación que alguno está haciendo de su campaña en marcha ‘Las Ni Ni de la PAH’, que pretende señalar e identificar casas vacías en la ciudad de bancos e inmobiliarias.

“Hay un parque importante de viviendas desocupadas y sin terminar –la mayoría en manos de bancos, entre 2.000 y 3.000 en la localidad- y vamos a actuar dentro de la Ley”, ha advertido el alcalde, que lamenta el no de las entidades a sacar estas casas en alquiler social.

En el sorteo, ante notario, se han sacado 40 papeletas correspondientes a cada vivienda libre y una 41 que ha marcado el orden por el que seguirá en caso de que se produzca alguna renuncia. En esta promoción sólo hay 23 casas para demandantes de Procasa.

El área de Economía municipal va a cruzar datos procedentes de Catastro, del área de Medio Ambiente y de la empresa de aguas Apemsa; un procedimiento con el que además se quiere luchar contra el fraude fiscal.

La concejala responsable entiende que hay familias que no pueden pagar pero “con los demás, tenemos que ser rigurosos y deben de cumplir con sus obligaciones”. El índice de morosidad actualmente se sitúa en el 33%; en 2012 no llegaba al 12%.