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La Inspección de Trabajo ha obligado al Ayuntamiento de San Fernando a contratar con carácter de urgencia el mantenimiento de los equipos de protección contraincendios en las dependencias municipales. El contrato de los extintores había caducado a principios de año y no se había renovado.

La Junta ha activado su plan de prevención de agresiones tras un incidente ocurrido en el centro de salud de San Benito, en Jerez, en el que un usuario insultaba y amenazaba a un celador. CSIF entiende que las medidas de seguridad de este ambulatorio “son totalmente insuficientes”.

Convocados por CSIF, un centenar de delegados sindicales se han concentrado frente a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, como en otros puntos del Estado, para denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos y la falta de negociación sobre sus salarios.

SPLI denuncia la acumulación de motos y coches retirados de las calles por la grúa por sus condiciones de abandono, “que se amontonan en el depósito de vehículos municipal”. Se acusa al Gobierno local de hacer caso omiso a la normativa de protección medioambiental.

Dos profesionales en el servicio de Urgencias del centro de salud de Rota sufrieron días atrás la agresión de una usuaria, según denuncian desde CSIF, que condena los hechos y vuelve a pedir a la Junta medidas para evitar situaciones de este tipo. Este ambulatorio carece de personal de seguridad.

CCOO, UGT, CSIF, ISA y Ustea han celebrado una concentración para protestar por el “cese indiscriminado” de empleados públicos, muchos con más de 20 años de antigüedad, y por la “inexistencia de unos procesos reales” de estabilización para el personal interino y temporal en la Junta.

CSIF ha denunciado la situación que sufre el personal laboral local del Ministerio de Defensa cedido a EEUU, “al llevar más de diez años con el sueldo prácticamente congelado”. Según el convenio de cooperación entre ambos países, esta plantilla no tiene derecho a la negociación colectiva.

Ese dictamen reprocha que la institución provincial no indemnice a cuatro trabajadoras por sufrir las consecuencias de un proceso selectivo ilegal. Las afectadas, asesoradas por CSIF, denunciaron que desde 2013 hasta 2019 habían sufrido un perjuicio económico, al no haber sido contratadas desde un principio.

“La situación actual genera problemas en la gestión de los profesionales que, en consecuencia, acaba repercutiendo el usuario”, se afirma. Jefes y cargos intermedios tienen que atender al doble de profesionales, con lo que se resiente el funcionamiento de ambos ambulatorios.

CSIF-Andalucía reprochan a Navantia que esté centrando su astillero de Puerto Real en el ámbito de las energías verdes y de las energías renovables marinas. Por su lado, Podemos pide a la empresa estatal que “escuche” a los trabajadores de las contratas.