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El consejo de administración de Cádiz 2000 ha desestimado la propuesta de la derecha para paralizar el proceso de municipalización del servicio de módulos de playa –el primero de los tres que se están rescatando-. Los informes jurídicos rebaten sus argumentos. Subdelegación ha recurrido.

Un grupo de trabajadoras de este servicio de playas en Cádiz que está a punto de ser municipalizado convocaron una controvertida votación para revocar al comité. Salió adelante entre numerosas irregularidades, según expone AO. Podemos apoya al comité supuestamente censurado.

“Como consecuencia de la falta de camas para ingresar, el área de observación de Urgencias se encuentra totalmente saturada y las demoras se hacen interminables”, denuncian AO y CGT. Estos sindicatos repiten que lo único que persigue el SAS cerrando camas es “ahorrar en costes de personal”.

Con este trámite,“se culminará el proceso de internalización de este servicio”, el primer de los tres de playas que el Ayuntamiento de Cádiz ha decidido remunicipalizar, aunque el proceso avanza con evidente demora. Autonomía Obrera aplaude el paso y critica a quienes tratan de dinamitarlo.

El comité de empresa de los módulos de las playas de Cádiz ha lamentado el nuevo retraso sufrido en la remunicipalización aprobada de este contrato, actualmente en manos de Acciona. “La causa real no es otra que la falta absoluta de valentía y decisión”, se interpreta.

Durante la protesta bajo la sede del PP en la capital gaditana se ha exigido el cambio de voto de la derecha y una nueva convocatoria del consejo de administración de la empresa mixta que suponga la readmisión inmediata de Marisa. Los socios de Gobierno local apoyan esta reincorporación.

Un dinero extra con el que sobre todo se premia las “políticas restrictivas”, para CGT y Autonomía Obrera. Se cuestiona además la “brutal disparidad” a la hora del reparto entre los trabajadores: la persona que más cobra percibe más de 10.500 euros, mientras que la peor retribuida se lleva 1,27 euros.

Alrededor de ocho meses después de otra denuncia de Autonomía Obrera sobre las irregularidades y falta de fiscalización en la concejalía de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Cádiz, este mismo sindicato, muy duro con Vila, lamenta que “todo sigue igual”.

El Juzgado de lo Social obligaba a optar entre readmitirla o indemnizarla. Los votos del PP, Endesa y Unicaja impidieron su reincorporación. Ahora se estudia que pueda ser contratada como personal indefinido no fijo hasta que su plaza se saque a concurso público.

La Inspección de Trabajo de Cádiz ha vuelto a sancionar a Sarquavitae. “Exigimos al Ayuntamiento actúe de forma directa contra una empresa que precisamente vulnera los derechos a los que atienden a los ciudadanos más vulnerables”, reclaman desde Autonomía Obrera.