La comunidad educativa, sindicatos (juntos y separados) y Ampas están detrás de la huelga convocada este miércoles 4 de marzo en todos los colegios e institutos de Andalucía (implicando a más de 100.000 docentes y 12.000 miembros de personal laboral) para luchar contra el polémico decreto de escolarización impuesto por la consejería de Educación y Deportes de la Junta (“que continúa la línea de desmantelamiento de la escuela pública mientras se mantiene el blindaje de la privada concertada”) y el nuevo recorte de líneas educativas en la pública. Una convocatoria alentada, desde el lado político, por PSOE, Adelante Andalucía, Equo, Más País o AxSí.
Esta huelga educativa en Andalucía del 4-M está convocada por la llamada Plataforma Andaluza por la Educación Pública, donde entran organizaciones sindicales de educación, la Confederación andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública (Codapa), la federación de asociaciones de madres y padres de alumnos (Fedapa), Frente de Estudiantes y otras organizaciones y colectivos. CGT por su lado, ha convocado su propia huelga de 24 horas con unos objetivos más ambiciosos: a la petición de paralización del decreto (que amplía las zonas de escolarización y condiciones para optar a centros concertados, aunque estos no estén en un radio cercano a la vivienda del alumnado), incorpora en sus reivindicaciones otros elementos nocivos sobre la escolarización “que se derivan del trato de favor que reciben, y han venido recibiendo desde hace años, los centros educativos privados concertados”.
En el caso concreto de la provincia de Cádiz, tendrá dos actos principales en la capital: una manifestación a mediodía desde la plaza de San Juan de Dios con meta en la plaza de España. Y ya por la tarde, a las 18.30 horas, una concentración en la plaza Mina donde diversos representantes de la comunidad educativa (docentes, padres, alumnado) tomarán la palabra para explicar “cómo afecta a todos” el decreto de escolarización impuesto por la derecha. A esa misma hora, en la plaza del Arenal de Jerez, tendrá lugar un acto similar organizado por Marea Verde.
El principal motivo de esta huelga es ese decreto de escolarización (que ya se aplica, de hecho, este mes de marzo está abierto el proceso de escolarización), que al contrario de lo que afirma el consejero de Educación, Javier Imbroda, “se ha hecho unilateralmente, sin el menor espíritu negociador y, por supuesto, sin consenso alguno en los distintos órganos colegiados de negociación, como Mesa Sectorial de Educación, Consejos Escolares, etc”, subrayan desde Ustea; incidiendo en que “lesiona gravemente a la escuela pública en beneficio de intereses privados; además de innecesaria es claramente contraria a los intereses públicos”.
Para dicho sindicato, según refleja en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, “son inaceptables y de extrema gravedad” las medidas que pretende implementar la nueva normativa de escolarización, “la cual incide en la línea política de liberalización y privatización de los servicios públicos que el gobierno de la Junta de Andalucía ha iniciando en este y otros ámbitos”. Considera que “la profundización en las políticas de libertad de elección de centro y la planificación educativa regida por criterios de demanda social traerán como consecuencia un incremento de la segregación escolar”. Debe ser “tarea irrenunciable de los poderes públicos garantizar la realización efectiva del derecho a la educación en condiciones de igualdad y estas políticas segregadoras y de ataque al sistema público, caminan exactamente en la dirección contraria”, se subraya.
“LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO, NO UN PRIVILEGIO”
Por su lado, uno de los colectivos que respaldan la convocatoria, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), reflexiona que “el nuevo decreto de escolarización constituye un ataque en toda regla a la escuela pública andaluza; profundiza en los recortes y supresiones que se vienen realizando en los últimos años y que están llevando a este servicio público esencial a una situación de precariedad inaceptable”.
Para la Apdha, “tras el argumento que esgrime el consejero del derecho de libertad de las familias a elegir centro, hay una clara intención de privilegiar a los centros concertados”, modificando las zonas de escolarización existentes para que dichos centros puedan beneficiarse de la ampliación de la zona de adscripción. Al mismo tiempo, critica “la concepción de escuela como negocio que tiene el nuevo Gobierno andaluz”. Es más, piensa que “hay una firme apuesta para entender la educación como un bien de mercado, sujeto a la oferta y la demanda”.
Ante esta situación, desde el área de educación de este colectivo recuerdan que “la educación es un derecho, no un privilegio, un derecho reconocido en la declaración universal y en nuestra propia legislación” y, por eso, “es necesario que se haga una oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años que garantice que todo alumno y alumna disponga de una plaza asegurada en el sistema público, de titularidad y gestión pública”.
En este sentido, se reclama “la no supresión de ninguna unidad en la red pública” y que “se establezca de una manera clara el carácter subsidiario de la educación concertada a la pública”. También se solicita “la supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados y la retirada inmediata de financiación a aquellos centros que practiquen cualquier tipo de discriminación (personas con discapacidad, población migrante) o bien no aseguren la gratuidad”. Por último, la Apdha exige “la anulación inmediata del nuevo decreto de escolarización”.
PARTIDOS APOYANDO EL 4-M
Diferentes partidos han ido mostrando en los últimos días su apoyo a esta huelga educativa. El PSOE gaditano ya ha avanzado que participará en la protesta contra este “nuevo decreto de escolarización que lo único que busca es desmantelar la escuela pública”. Los socialistas consideran que “con este nuevo decreto no serán las familias las que elijan los centros, sino que serán estos los que elijan a sus alumnos”. Por tanto, “se va a quedar por el camino el alumnado de entornos más deprimidos y los que tienen necesidades educativas especiales”. “Es muy triste –para el PSOE- que la Junta de las derechas pongan a competir a centros contra centros, a claustros contra claustros y a familias contra familias, ya que el decreto tiene una clara carga ideológica que ataca directamente a la educación pública”.
Por su parte, para Adelante Andalucía, este decreto “es la gota que colma el vaso de las políticas privatizadoras de la Junta. Tras años en los que las políticas educativas del PSOE eliminaron líneas públicas, precarizaron a personal docente y no docente y premiaron constantemente a la educación privada concertada, el actual gobierno de PP y Cs está llevando a cabo un proceso de aceleración y profundización en estas políticas”. La coalición de Podemos e IU insiste en que es un decreto que “supone un impulso para la educación privada y un paso definitivo hacia el objetivo de considerar la red pública como una red subsidiaria de la privada concertada”. Así, esta formación se opone frontalmente a este decreto y pide la dimisión del consejero Imbroda; al tiempo que exige “la paralización de los recortes en la educación pública y el fin de los conciertos con la educación privada”.
En el mismo sentido, desde IU Cádiz se considera que “es necesario reivindicar la educación pública, como única garante de la cohesión social y la equidad educativa” y se defiende que “el papel de la educación concertada deber ser siempre subsidiario a la pública en lo que a recepción de subvenciones públicas se refiere, no es posible que con fondos públicos de todos los andaluces se esté potenciando la educación concertada mientras se cierran líneas públicas”. “Si no salimos a la calle, posiblemente éste sea sólo el primer paso de las medidas que tomen PP y Cs para contentar a Vox, en su pretensión de llegar al distrito único como medida final y la supresión paulatina de líneas públicas”, alertan los izquierdistas.
Ya, entre partidos sin representación en la Junta, desde Más País Andalucía (la formación creada por Iñigo Errejón meses atrás) se reflexiona que “dar la posibilidad a todas las familias de escoger un centro concertado no es aumentar su libertad de elección si no tienen la misma posibilidad de elegir cualquier centro público, y tampoco aumenta la libertad de las familias que quieren elegir uno público. La libertad o es para todo el mundo o no se puede llamar libertad”.
Equo Verdes también respalda esta movilización y cuantas se convoquen con el objetivo de que el Ejecutivo andaluz rectifique el decreto de escolarización y, en cualquier caso, “haga un giro en favor de la mejora de la educación pública, de los alumnos y del personal docente y no docente, frente a la escuela concertada que, aunque desde hace décadas ha cubierto carencias de plazas, hoy en día sólo se trata de un negocio privado subvencionado”. “En un momento histórico de emergencia climática y civilizatoria –se agrega-, todos los esfuerzos han de orientarse al fortalecimiento del sistema educativo público andaluz en todos sus pilares, partiendo, por supuesto, del incremento de la inversión pública desde el 5% del presupuesto general hasta llegar progresivamente a un 7%, que garantice un sistema realmente inclusivo, garantista, compensador de desigualdades y realmente potente como agente de cambio”.
Y desde AxSí se pone de manifiesto que el decreto de Imbroda “ha conseguido la oposición unánime de todos los representantes tanto de los empleados del sector como del alumnado y sus familias, lo que demuestra una vez más que el Gobierno de la derecha en Andalucía no tiene en cuenta las necesidades de la región ni sus demandas”.
