“¿Hasta cuándo los trabajadores del servicio de transporte de servicio sanitario en la provincia de Cádiz, así como los usuarios que deben de utilizar este servicio, tienen que soportar a estas empresas? Empresas que no respetan el convenio colectivo, ni el pliego de condiciones”. Esta situación de conflictividad laboral que vienen alertando sindicatos parece que irremediablemente va a desembocar en huelga indefinida: “hasta aquí hemos llegado, señores empresarios”, avisan desde la Federación de Empleados Públicos de la UGT de Cádiz.
Excluyendo de este conflicto a Ambulancias Barbate, “que sí cumple con lo que firma”, se lamenta el porqué “tenemos que padecer y aguantar a Digamar Jerez, SSGA Cádiz y SSGA Campo de Gibraltar, que lo que vienen es a ganar dinero fácil, a costa de prestar un servicio deficitario y ahorrarse todo lo que pueda”. El número de trabajadores afectados ronda las 300 personas.
“No nos dejan otra salida que hacer una huelga que tiene inicio el viernes 24 de mayo”, se anuncia, pidiendo a los gaditanos “que nos comprendan y que nos apoyen”. El pasado mes de febrero, ante otros paros anunciados, hubo un acuerdo en el último momento.
“Después de haber convocado infinidad de huelgas, reuniones y negociaciones con las empresas del transporte sanitario, y como prueba evidente, desde la parte social sí hemos cumplido y respetado las convocatorias del sistema extrajudicial de Resoluciones de Conflictos Laborales (Sercla), mientras que el responsable asesor de las empresas, que siempre llega tarde a dichas reuniones, tiene como única estrategia dilatar y mostrar poca voluntad de llegar a acuerdos, evidentemente la excusa de mal pagador”, remarcan desde UGT en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Y se señala la reunión mantenida recientemente entre el comité de huelga con la delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía, Isabel Paredes, “donde habíamos solicitado su mediación”; pero “fue más de lo mismo, nada de nada y todo sigue en el aire”.
“La administración de quien depende el servicio –se añade- y después de tener toda la información que se le ha facilitado en las distintas reuniones, no se entera o no se quiere enterar; no actúa con la debida contundencia y no frena a este tipo de empresas que campa a sus anchas sin control y haciendo lo que le viene en gana, sin respetar el pliego de condiciones que afecta a la provincia y mucho menos con los acuerdos firmados con los comités de empresas, la ley de prevención de riesgos laborales, etcétera”.
Desde UGT no se entiende cómo la actual administración de la Junta permite a estas adjudicatarias “que ni siente ni padecen”, y “le de igual que los ciudadanos sufran una huelga de estas características”. “Nos preguntamos a qué espera la delegada territorial para abrir un expediente a estas empresas que no respetan los derechos de los trabajadores; le pedimos que se empiece a hacer las gestiones que corresponda para retirarle o recuperar el servicio y que a su vez se pueda confeccionar un nuevo pliego de condiciones que imposibilite que este tipo de empresas, después de los antecedentes e incumplimientos, no se puedan presentar a la licitación de los servicios. Aunque lo ideal sería que fuera un servicio público”.
Este sindicato termina con un aviso: “no descartamos una recogida de firmas por toda la provincia para que este servicio fundamental para todos los ciudadanos pase a ser un servicio publico y gestionado directamente por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).