Este 1 de julio entra en vigor la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, impuesta por el Gobierno de Rajoy pese la oposición generalizada; “leyes que sancionan, prohíben y criminalizan prácticas tan normalizadas como parar un desahucio o asistir a una persona sin papeles. Leyes que castigan la pobreza, la solidaridad y la protesta”, sostienen desde la Apdha. Como en numerosos puntos del Estado, en la Bahía de Cádiz también se han convocado este martes protestas: en la capital una simbólica cadena humana y en Jerez un manifestación.
Este miércoles 1 de julio entra en vigor en España la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, impuesta por el Gobierno central del PP pese la oposición generalizada; “leyes que sancionan, prohíben y criminalizan prácticas tan normalizadas como parar un desahucio o asistir a una persona sin papeles. Leyes que castigan la pobreza, la solidaridad y la protesta”, evidencian desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).
Como en numerosos puntos del Estado, en la Bahía de Cádiz también se han convocado este martes, víspera de la fatídica fecha, protestas contra la controvertida ley, que está generando numerosas reacciones y rechazos, también de organismos internacionales por violación de derechos fundamentales.
En la capital gaditana, la Apdha promueve, a partir de las 20 horas, una cadena humana que una el monumento del Pájaro –que recuerda a la Constitución de 1978- con la Subdelegación del Gobierno. “El acto tiene un gran simbolismo, pues quiere unir el que pretender ser un símbolo de las libertades con el brazo ejecutor del Gobierno en el recorte de derechos y libertades, es decir, la Subdelegación, cortando la avenida”. Ese acto además también quiere mostrar su solidaridad con los procesados de Valcárcel Recuperado, cuyo juicio se celebra este día 1, y casualmente coincide en fecha con la entrada en vigor de la Ley.
Y en Jerez, es la Plataforma contra la Ley Mordaza quien ha convocado una manifestación que partirá a las 19.30 horas desde la Plaza del Arenal “para mostrar rechazo ante este ataque a las libertades públicas y democráticas”.
Este colectivo resume en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz algunos puntos de esta polémica ley, junto a la reforma del Código Penal:
– Despenalizan las faltas, y por tanto, desaparece la intervención judicial con la merma de las garantías procesales que supone.
– Se restringen los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión criminalizando la desobediencia civil pacífica y endureciendo la respuesta sancionadora.
– Se criminalizan las concentraciones en defensa del derecho a la vivienda y contra los desahucios, la realización de escraches, la filmación y toma de imágenes de las fuerzas de seguridad, concentraciones ante las instituciones, etc.
– Se establece como valor probatorio las declaraciones de los agentes de autoridad provocando una total indefensión ante la imposibilidad de disponer de pruebas gráficas.
– Extienden el temor antes las sanciones que oscilan entre 600 euros para las faltas leves, 30.000 para las graves y 600.000 para las muy graves.
“SE DEFIENDEN ATACANDO”
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía expone en un comunicado en su web que esta Ley Mordaza la defienden “en nombre de la seguridad ciudadana, pero son la respuesta de quienes sienten cualquier iniciativa social como una amenaza a sus privilegios. Emanan de su incapacidad para vivir con alegría el despertar de la gente, la toma de calles, la defensa de derechos laborales o el uso de plazas como espacio de reflexión colectiva. No entran en vigor para garantizar la seguridad ciudadana sino para convertir en ley su temor, el miedo que les despierta el deseo de democracia. Por eso se defienden atacando”.
Su aprobación –de la derecha en solitario- ha despertado la preocupación y el rechazo de una amplia mayoría social, lo que ha supuesto que organismos nacionales e internacionales como las Naciones Unidas o el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa las critiquen duramente. El último ha sido el Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad.
“Sin embargo somos las personas que defendemos diariamente el derecho a la vivienda, las que creemos en el derecho a la información libre, las que tomamos la calle reclamando educación pública y sanidad universal, las que no tenemos papeles, las que sufrimos las consecuencias de un empleo precario o quienes simplemente vemos en el deseo de democracia y la organización espontánea de la gente un motivo de celebración, las que tenemos el verdadero poder de cambiar las cosas. Por ello, una vez agotadas todas las vías posibles, solo nos queda una alternativa: la de no consentir, la de no refrendar sus leyes con nuestro silencio”, señalan desde la Apdha.
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