El Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz, en los bajos del estadio Carranza, acoge este lunes día 25 el juicio al llamado ‘grupo de los 10’, los diez jóvenes de Puerto Real acusados de causar destrozos en el puente Carranza durante una manifestación en demanda de carga de trabajo para los astilleros en diciembre de 2013. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos dos años y nueve meses de prisión.
Ante este juicio, miembros del equipo de Gobierno puertorrealeño (formado por Sí se puede y Equo) han anunciado que acompañarán a los acusados y sus familiares, así como a todas las organizaciones que les respaldan y anima al resto de vecinos y a los ciudadanía de la Bahía de Cádiz a acudir a las puertas de los juzgados, “para demostrar que no están solos”.
El bipartito en el Ayuntamiento de Puerto Real ha querido reiterar ahora su apoyo a este grupo de manifestantes, “en nombre de la ciudad en la que tanto se ha luchado por el mantenimiento de los puestos de trabajo del sector industrial”.
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, se expone que “la ciudadanía de Puerto Real, debido al histórico menosprecio de la clase política a esta comarca, y castigada por la sucesión de gobiernos ineficaces para consolidar empleo estable y salarios dignos, sabe perfectamente que salir a la calle es en la mayoría de los casos la única vía que tiene el pueblo para conseguir los derechos que le pertenecen”.
Por esta “amplia trayectoria de lucha”, Puerto Real “sabe reconocer cuándo se está cometiendo una injusticia, cuándo se siguen favoreciendo los intereses económicos de los poderosos mientras las familias luchan por llevar comida a la mesa o tener un techo sobre sus cabezas”. El caso de este grupo de jóvenes, en este sentido, “resulta paradigmático” para el Gobierno puertorrealeño, liderado por Antonio Romero.
Se afirma que “independientemente de la irregularidad de las pruebas con las que la Fiscalía acusa a estos diez jóvenes”, que se enfrentan a las penas de cárcel y multas, la situación por la que están atravesando “resulta una muestra más de que las leyes están redactadas y aprobadas por quienes se benefician de ellas, y que el arbitrario aparato judicial se inclina, como siempre en estos casos, por el más fuerte frente al más débil”.
“La defensa de los derechos básicos en este país por parte de quien debería hacerlo está de saldo, pues ante el atropello, la pobreza y la humillación de las personas trabajadoras ya no se puede ni siquiera protestar”, se quejan Sí se puede y Equo.
“Desde esta ciudad luchadora, de la que son gran parte de los acusados, queremos decirles a ellos y a toda la ciudadanía de Puerto Real y la Bahía de Cádiz que seguiremos echándonos a la calle cada vez que debamos pelear por nuestros puestos de trabajo, por nuestro derecho a vivir dignamente o por cualquier motivo que suponga una injusticia social”, se sentencia.
