La presidenta de la Diputación de Cádiz ha presentado el proyecto de presupuestos de la institución provincial para 2016, que se eleva a pleno extraordinario este miércoles. Se trata de las primeras cuentas del nuevo equipo de Gobierno PSOE-PA, tras cuatro años de PP con mayoría absoluta. El presupuesto ordinario supera los 218 millones de euros y en sus cifras consolidadas, el apartado de ingresos se sitúa en 235,6 millones y el de gastos en 232,8. Son cifras algo inferiores a las reflejadas sobre el papel en el vigente presupuesto. Una previsión “realista, responsable y comprometida”, a decir de Irene García.
La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, y su responsable del área de Asuntos Económicos, Jesús Solís, han presentado el proyecto de presupuestos de la institución provincial para 2016, que se eleva a pleno extraordinario este miércoles 2 de diciembre. Se trata del primer ejercicio presupuestario del nuevo equipo de Gobierno PSOE-PA, tras cuatro años de PP con mayoría absoluta.
El presupuesto ordinario, es decir considerando únicamente las previsiones de la entidad matriz, supera los 218 millones de euros; en sus cifras consolidadas, incluyendo por tanto las estimaciones de las empresas públicas y organismos autónomos dependientes de la Diputación, el apartado de ingresos se sitúa en 235,6 millones y el de gastos en 232,8 millones.
Son cifras algo inferiores a las reflejadas sobre el papel en el vigente presupuesto de 2015 (245 millones eran las previsiones consolidadas, y 227 millones sin contar las empresas y organismos). Irene García ha valorado que, pese a esta reducción, se trata de una previsión “realista, responsable y comprometida con la que vamos a cumplir con todas nuestras competencias además de seguir implicados en la resolución de las necesidades de los pequeños municipios”.
Una menor presencia de fondos europeos –unos 5 millones menos-, la caída de 2 millones de euros en la Participación de Ingresos del Estado (PIE) y la terminación de programas como el de modernización de polígonos industriales financiado por la Agencia IDEA de la Junta – que ha aportado casi 6 millones al presupuesto de 2015- han rebajado la cuantía de los ingresos, se sostiene en la información remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Para compensar estas mermas el próximo año “se verán los resultados del nuevo rumbo planteado para el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria”. En principio, se asume una mejora de los importes recaudados por vía ejecutiva además de experimentar las mejoras de la nueva aplicación informática que se incorporará a la gestión y cuya adquisición comporta una inversión de 1,5 millones de euros.
En su análisis del próximo presupuesto según los ámbitos del gobierno provincial, la presidenta socialista ha destacado la reserva de 12,5 millones de euros para el área de Empleo, “un área nueva que no existía con anterioridad”. Las políticas de fomento del empleo dispondrán de un mínimo de 6 millones, que se desglosarán en –al menos- tres iniciativas de relevancia: la segunda edición del Plan de Activación Profesional (plan de empleo englobado en el Fondo de Cooperación Local) que en su etapa inicial, aplicada en este último trimestre de 2015, cuenta con un presupuesto de 4,2 millones distribuido en 40 pequeñas localidades; un plan de inversiones para todos los municipios de la provincia de Cádiz; y un paquete de ayudas a la creación de empleo destinado a empresas.
El área de Desarrollo, Innovación y Cooperación Local –desde la que se promueven los programas de obra pública e infraestructuras- dispondrá de una partida cercana a los 30 millones (2 más que en 2015). En este ámbito se incluyen los créditos destinados al Programa para el Fomento del Empleo Agrario, el antiguo PER –al que la Diputación destina 1,5 millones para la adquisición de materiales- además de asumir la gestión integral de 106 actuaciones; el Plan Provincial de Obras y Servicios, que invertirá 4 millones en los municipios con menos de 20.000 habitantes además de recuperar obras no ejecutadas en anteriores ediciones por un importe suplementario de 1,1 millones; así como 500.000 euros que darán cobertura a un plan de asfaltado y mejora de caminos rurales en respuesta a una demanda de los ayuntamientos expresada en el seno del Consejo de Alcaldías.
Al área de Desarrollo Económico y Servicios a la Ciudadanía –donde se consignan políticas esenciales como la promoción turística, el fomento del deporte y la nueva gestión cultural- se destinan 10,5 millones de euros. Destaca, en este ámbito, el presupuesto diseñado para la Fundación Provincial de Cultura, de 1,1 millones, que incrementa al consignado para el año 2015 cuando se reservaron 766.000 euros. Las actuaciones para el fomento de la actividad deportiva se nutrirán con un millón de euros.
Más de 21 millones de euros se reservan para el área de Igualdad y Bienestar Social. Una inversión que permitirá consolidar los programas de atención a la dependencia, cubrir las necesidades de los centros de tratamiento para personas con problemas de drogodependencia, así como solventar el funcionamiento de los equipos profesionales de servicios sociales comunitarios y especializados.
En el ámbito del área de Desarrollo Sostenible, Irene García ha valorado la dotación económica del plan de Mejora de Entornos Urbanos que alcanza los 300.000 euros.
El presupuesto también refleja un crecimiento notable en las partidas destinadas a la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo, que evolucionan de los 1,9 millones consignados en 2015 a los 3,6 millones reflejados en los presupuestos del próximo año.
En cuanto a su distribución por capítulos el presupuesto, en sus estados consolidados, contiene 36 millones de euros sumando las inversiones reales (capítulo 6) y las transferencias de capital (capítulo 7).
Los gastos de personal (capítulo 1), que suponen más de 103 millones de euros, o sea alrededor del 44% del total del presupuesto consolidado, se reducen en 500.000 euros, “a pesar de que se recupera empleo mediante promoción interna”; y los gastos corrientes (capítulo 2, con más de 35 millones) también se aminoran en 200.000 euros. El nivel de endeudamiento se cifra en el 73,34%, “muy por debajo del límite legal en vigor”, se subraya.
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