CCOO y UGT han realizado un llamamiento a la participación en la concentración convocada para este miércoles día 18 ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz “en defensa de las libertades y el derecho a huelga”, una convocatoria de la Confederación Sindical Internacional. Se alerta de que en los últimos cinco años ha habido en la provincia al menos 75 imputaciones y sanciones en el transcurso de conflictos laborales.
CCOO y UGT han realizado un llamamiento a la participación en la concentración convocada para este miércoles día 18 a las 12 horas ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz “en defensa de las libertades y el derecho a huelga”, una convocatoria de la Confederación Sindical Internacional.
Según el secretario general de UGT Cádiz, Francisco Andreu, en España se han criminalizado las actuaciones de 300 sindicalistas en defensa de los derechos de los trabajadores debido al cambio de criterio que ha habido por parte de la Fiscalía, que ha hecho un uso “inaudito” del artículo 315.3 del Código Penal, “algo que no había ocurrido en la historia de la democracia”.
Además, en muchos casos se trata de miembros de comités de empresa o líderes sindicales que no participaban en altercados sino en manifestaciones legalmente convocadas o simplemente pasaban por allí. El objetivo del artículo 315 es proteger el derecho fundamental de huelga, pero “se ha utilizado en contra de los trabajadores y no en contra de los empresarios” que “amenazan veladamente” a sus empleados dispuestos a secundar una huelga, una práctica “muy extendida” que sólo conlleva sanción administrativa. Sin embargo, “utilizando el mismo artículo, se le pide a 300 sindicalistas más de 120 años de cárcel”.
A esto se suma que “cuando más motivos hay para salir a la calle a protestar se han sucedido varios proyectos legales con un alto contenido ideológico”, ha explicado el representante ugetista en referencia a la tramitación en el Congreso y en el Senado de la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana –la conocida como ley mordaza-, “que pretenden callar todas las voces discrepantes con la política de este Gobierno”.
Por su lado, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, la secretaria general de CCOO Cádiz, Lola Rodríguez, ha detallado que en la provincia de Cádiz desde 2010 a 2013 se ha imputado al menos a 75 personas en el transcurso de conflictos como los de Navantia, Acerinox, Gadir Solar, Acasa, Urbaser Jerez, por el convenio del metal o en las dos últimas huelgas generales. De ellos, hay un condenado, 21 multados en juicio de faltas, 12 absueltos, cinco archivados por prescripción, 25 a la espera de juicio, siete en fase de instrucción y en otros cuatro casos se desconoce el estado del procedimiento.
”Sin derecho a huelga efectivo no existe equilibrio en las relaciones laborales. La relación capital-trabajo se desequilibra a favor de una parte y no precisamente en favor de la más débil, que es la de los trabajadores y trabajadoras”, advierte Rodríguez.
En la protesta de este miércoles “hay exigencias muy claras, como la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, un apartado que viene de resquicios de periodo franquistas y que vulnera el derecho de huelga, la retirada del proyecto del Código Penal y la modificación del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana”.
También alerta Rodríguez de que el Gobierno de Rajoy pretende “restringir el ejercicio de derechos fundamentales como el de reunión y manifestación que, junto con el de la huelga, son fundamentales para ejercer la libertad sindical. No podemos olvidar que gran parte de los derechos de los que ahora gozamos son una consecuencia del derecho a huelga”.
Porque “defender los derechos de los trabajadores no puede considerarse un delito”, Andreu y Rodríguez han llamado a participar en una concentración a la que acudirán compañeros de Airbus, que tomarán la palabra en defensa de los denominados ‘8 de Getafe’ a los que el fiscal pide 64 años de cárcel.