La Marea Violeta de Cádiz y la de Sanlúcar se unirán en la capital este domingo día 28 en una movilización coincidiendo con el Día Internacional por la Despenalización del Aborto y ante la anunciada retirada del controvertido proyecto de reforma de la ley que pretendía imponer la derecha. Con todo, esta plataforma seguirá reivindicando que se garanticen los abortos en la sanidad pública, se apueste por la educación sexual y se mejore el acceso a los anticonceptivos.
La Marea Violeta de Cádiz y la de Sanlúcar se unirán en la capital este domingo, 28 de septiembre, en una movilización coincidiendo con el Día Internacional por la Despenalización del Aborto y ante la recién anunciada retirada del controvertido proyecto de reforma de la ley del aborto que pretendía imponer el PP.
De este modo, se convoca una concentración a partir de las 12 horas a las puertas del mercado de abastos, donde se realizará una performance. Acto seguido, la Marea Violeta y toda la ciudadanía que se sume llevarán a cabo una manifestación por las calles del centro bajo el lema ‘Educación sexual para no abortar, aborto libre para decidir’. La marcha concluirá en la plaza de la Catedral, “como forma de señalar también a la Iglesia como institución que contribuye y alienta continuamente el ataque a los derechos de las mujeres”.
Desde esta plataforma se anota en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que “como feministas tenemos mucho que celebrar ya que ha quedado demostrado que la movilización sí sirve para parar políticas y para incluso hacer dimitir a un ministro ante su fracaso de reformar la ley”.
“El feminismo ha recuperado durante el último año las calles para defender el derecho de las mujeres a disponer del propio cuerpo y pelear por la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. Hace un año -añaden- no nos creíamos que después de siglos de lucha se volvieran a cuestionar derechos y libertades que parecían consolidarse y ahora, salimos de nuevo un 28 de septiembre pero con esta victoria como bandera, victoria de todas las personas que hemos luchado por parar esta reforma retrógrada”.
Sin embargo, desde la Marea Violeta de Cádiz no están totalmente contentos: “no nos vamos a conformar con leyes que no dan respuestas reales, tenemos que seguir reivindicando, ya que el pleno derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad tampoco está garantizado actualmente, con una ley de 2010 que recoge muchas aspectos que se quedan en el papel. Exigimos fervientemente que las interrupciones involuntarias del embarazo se lleven a cabo en los centros sanitarios públicos, y no como ahora, que la mayoría se realizan en centros privados concertados”.
Además, se sentencia, “hay que luchar por que se garantice el acceso a los anticonceptivos de manera universal, y otro aspecto muy importante, trabajar por la educación sexual a todos los niveles”.
LA APDHA MUESTRA SU SATISFACCIÓN
“Al margen del terremoto político y sus consecuencias (la dimisión de Gallardón)”, la Asociación Pro Derechos Humanos (Apdha), por su lado quiere recordar los efectos que hubiera tenido esta medida en millones de mujeres “que estaban viendo como se originaba una intromisión y limitación del derecho a la salud sexual y reproductiva”.
De hecho, la frustrada ley “consideraba que la mujer no tenía voluntad propia ni capacidad de discernimiento, por lo que debía ser tutelada en el momento del aborto por diferentes profesionales y, a la vez, era eximida de responsabilidad penal si decidía abortar. Un paternalismo deleznable”.
“Parece que esta vez la presión social y los diferentes argumentos expuestos por las organizaciones, los profesionales y las mujeres han tenido su efecto y han conseguido que esta retrógrada ley no viera la luz”, señalan desde este colectivo, evidenciando que “se trataba de una reforma innecesaria; suponía un retroceso de derechos, no solo en relación a la actual Ley, sino respecto a la regulación que existía en 1985; y pretendía eliminar el derecho a la educación y a la salud sexual como la mejor forma de prevenir las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y, finalmente, las interrupciones voluntarias del embarazo”.
No obstante, se añade que Rajoy retira este proyecto, “pero no del todo”. Y es que ha dejado caer que aprobará el artículo que introduce la obligación del consentimiento de los padres en los casos de aborto en mujeres de 16 y 17 años. Desde la Apdha se considera importante que la opinión de estas mujeres sea tenida en cuenta, “por lo cual defendemos que la obligación de consentimiento llegue hasta los 16 años, la misma exigida para otras intervenciones en la Ley de Autonomía del Paciente”.
EL PSOE GADITANO APLAUDE “LA VICTORIA DE LA SOCIEDAD”
Por su parte, a nivel más político, la secretaria de Igualdad del PSOE de Cádiz, María Naval, se ha congratulado estos días del anuncio de retirada de la reforma de la ley del aborto por falta de consenso, lo que achaca a “un claro triunfo del conjunto de la sociedad y de quienes hemos luchado al lado de distintos colectivos para que la infame propuesta no saliera adelante”. Si bien ha manifestado su satisfacción porque el PP ha rectificado y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón “no se haya salido con la suya”, ha lamentado “estos tres años de serias amenazas a la libertad de las mujeres”.
A pesar del anuncio realizado por Rajoy, la dirigente socialista asegura que “no vamos a bajar la guardia, el PSOE al igual que los distintos colectivos, vamos a estar muy pendientes de lo que hace el Gobierno”.
María Naval ha recordado además “la campaña permanente de defensa de la actual Ley que los socialistas gaditanos han desarrollado en la provincia durante todos estos años con el objetivo de trasladar a la ciudadanía el impacto negativo de la Ley de reforma del aborto que impulsaba Gallardón”. Y en este sentido, apunta que “en esta provincia hemos tomado nota de las posiciones más reaccionarias como las de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, o la del presidente de la Diputación, José Loaiza, que ha censurado hasta en tres ocasiones que se pudiera debatir sobre el aborto”.
Del mismo modo, aprovecha para enaltecer la Ley del PSOE de 2010, que “fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso social y político con la gran mayoría de los grupos con representación parlamentaria y que contó con una treintena de expertos juristas y profesionales de la bioética y la sanidad”. Además, entiende, “reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros pronunciamientos”.
