El Ayuntamiento de San Fernando ha vuelto a trasladar en el último consejo de administración del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz la necesidad de darle uso a las instalaciones de la estación de autobuses de la ciudad, el llamado intercambiador de transportes de La Ardila.
La Junta de Andalucía remataba a principios del verano de 2017 las obras de este apeadero intermodal que busca reunir en un mismo punto (frente al proyectado centro comercial de Janer, a la salida de la ciudad hacia la capital) la parada del tranvía metropolitano, el paso de autobuses urbanos e interurbanos, una bolsa de aparcamiento disuasorio e incluso conexión con el mejorable carril bici de la localidad. Se costeó con fondos europeos (unos 181.000 euros) del proyecto del propio tranvía, igual que las estaciones de buses en Cádiz y en Chiclana. La diferencia es que ambas están operativas desde hace unos años, y la de La Isla sigue cerrada a cal y canto, y no se sabe muy bien el motivo.
Según la versión del concejal de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, desde la administración local “hemos intentado asumir su apertura y mantenimiento, pero legalmente no es posible. Los informes lo dictaminan así y señalan que las competencias son claras. Tan claras que la propia Junta lo reconoce en su plan de transporte metropolitano, en el que indica que es el Consorcio la entidad competente para gestionarlo y ponerlo en uso. Sólo tienen que leer su propio plan”.
Ese nuevo Plan de Transporte Metropolitano Bahía de Cádiz que está en fase de elaboración por parte de la consejería de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, y en el que se ha trabajado con la implicación de los distintos municipios, “reconoce claramente la importancia y necesidad de disponer de dichas instalaciones básicas en San Fernando. Sin embargo, desde que se terminó su construcción estas permanecen cerradas”, lamenta el Gobierno local del PSOE en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Así, tanto el borrador como el documento estratégico del plan ponen el acento en la necesidad de incrementar los desplazamientos en transporte público colectivo frente a los vehículos privados motorizados para, de este modo, combatir el cambio climático; contribuir a la lucha contra la contaminación atmosférica y acústica o alcanzar una adecuada coordinación de las políticas de movilidad sostenible con las políticas energéticas, urbanísticas y de ordenación territorial.
Las claves: “fomentar y fortalecer el uso del transporte público, posicionándolo como una alternativa real al transporte privado, con servicios competitivos, reforzar y potenciar la intermodalidad y tender a un planeamiento de modelo de movilidad metropolitano centrado en el transporte público y con modos alternativos, optimizando el uso de las infraestructuras y servicios de forma que se combata el cambio climático”.
A decir del socialista Conrado Rodríguez, “esta es precisamente la línea en la que venimos trabajando desde el Ayuntamiento, con una decidida apuesta por el desarrollo y la movilidad sostenibles, de ahí la importancia estratégica del intercambiador”; por ello, no se explica la “reiterada negativa” del Consorcio de Transportes (donde el control efectivo lo asume la Junta) a asumir “de manera inmediata su gestión y, por lo tanto, su apertura al público tras construirlo en el lugar que consideraron más adecuado”.
“Para avanzar en los objetivos comunes propuestos es necesario que esté en funcionamiento. Es inexplicable -insiste este representante del Gobierno de Patricia Cavada- que no dé cumplimiento a lo reseñado en su propio plan”, en el que se alude a la creación de intercambiadores o zonas intermodales, la mejora y mantenimiento de las paradas y estaciones de autobuses o el refuerzo de las frecuencias en líneas con alta ocupación de la red metropolitana, ampliando la oferta y el número de servicios.
CHICLANA Y SAN FERNANDO SON LOS MUNICIPIOS DE LA BAHÍA QUE MÁS COCHES PONEN EN CIRCULACIÓN DIARIAMENTE
Esta negativa obvia además que San Fernando “es una de las ciudades más importantes de la provincia, con una ubicación estratégica en la potenciación del transporte de viajeros por carretera y clave para el desarrollo económico de la Bahía, así como clave en todas las políticas a impulsar en torno a la lucha contra la emergencia climática”, al tiempo que “se están obviando también las competencias del propio Consorcio, claramente indicadas en el citado plan”, defienden desde el Consistorio.
Precisamente la vecina Chiclana y San Fernando son los municipios del entorno de la Bahía que más vehículos motorizados de uso privado ponen en circulación diariamente (principalmente personas que salen a trabajar/estudiar fuera), “y para reducir este impacto medioambiental hay que mejorar los servicios ofrecidos a las personas usuarias”, opina Rodríguez.
“Es de lógica pensar que si desde las distintas administraciones queremos fomentar el transporte público y reducir las emisiones de CO2 hay que generar las condiciones propicias para que la población cambie de dinámicas y hábitos, y no disponer de un intercambiador o una estación en la que poder sentarse y esperar con tranquilidad, resguardarse de la lluvia o el sol, comprar un billete en taquilla o ir al servicio no es precisamente una condición propicia”, se queja el edil de Desarrollo Económico.
