El PP en San Fernando se reafirma en su denuncia contra la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, a la que acusa de ilegalidades en las obras de rehabilitación de una finca de su propiedad en el centro isleño; y más después del comunicado emitido por el propio Ayuntamiento en el que se reconoce que “hay una mínima parte de la vivienda que podría haber requerido un procedimiento diferente al que se llevó a cabo en la petición de licencia concedida, y esta parte de la obra debería llevarse de nuevo a la comisión municipal de Patrimonio”.
Sin embargo, para esta formación de derechas, “no estamos ante un problema meramente administrativo, sino de ejecución de unas obras irregulares no permitidas por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (Peprich)”. “Cualquier ciudadano que hubiese ejecutado en un inmueble protegido y catalogado las obras que ha realizado en su finca la concejala del PSOE, contaría con una sanción económica y estaría obligado a restituir las obras a su estado original”, se queja el principal partido de la oposición.
“Lo que mueve al PP a denunciar unos hechos que cada vez adquieren más verosimilitud, es la defensa de los intereses generales de la ciudadanía. Esto no está circunscrito al ámbito privado como quieren hacer creer. Tener un cargo público o pertenecer a determinado partido no es un eximente para cumplir la Ley y las normas a las que todos estamos obligados. No hay atajos posibles”, apostillan.
MÁRQUEZ ELEVARÁ LA CUESTIÓN AL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Es la respuesta de los conservadores al anuncio del Ayuntamiento de que ya ha concluido la primera fase de la revisión del procedimiento para la concesión de la licencia para la ejecución de dichas controvertidas obras en la vivienda de Márquez; “personal técnico de Licencias, a través de la revisión de la documentación y de visitas a la propia obra en el inmueble con motivo de una denuncia presentada por el PP, ha realizado la labor que le corresponde con transparencia, y total independencia e imparcialidad”, se asevera.
Según la conclusión inicial de la revisión, “hay una mínima parte de la vivienda (un techo de castillete de la escalera, de longitud aproximada de 3,50 metros) que podría haber requerido un procedimiento diferente al que se llevó a cabo en la petición de licencia concedida”.
Las obras se iniciaron en noviembre de 2020, y se han ejecutado conforme al proyecto presentado y autorizado por comisión municipal de Patrimonio en mayo de 2020, autorizándose su inicio y siendo posteriormente inspeccionadas en visita técnica municipal en julio de 2021 con informes que literalmente expresan que “las obras ejecutadas coinciden con las autorizadas”.
Por su parte, la concejala del PSOE que, presentó para estas obras un proyecto técnico realizado por profesionales y visado por el Colegio de Arquitectos de Cádiz, defiende la actuación llevada a cabo y los pasos dados para ello y, “aun respetando pero no compartiendo las conclusiones iniciales de esta revisión”, anuncia que interpondrá un recurso contencioso-administrativo “para que sea un juez el que decida cuál de ambos posicionamientos técnicos es el adecuado, el inicialmente aprobado o el actualmente revisado”.
Claudia Márquez dice estar convencida de que la justicia le dará la razón conforme al procedimiento administrativo que debió seguirse, pero deja claro que procederá a iniciar un nuevo trámite de licencia para esa parte concreta del techo en discusión “en el caso de que finalmente se considere que lo que en su momento se vio correcto ahora se entienda que necesita de un nuevo procedimiento”.
Mientras, desde el Gobierno municipal de PSOE y Cs, en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, se lamentan “los ataques dirigidos a la desesperada por la oposición” a esta edil, que “ha realizado y realiza una acción fundamental para la transformación de San Fernando y la puesta en marcha de proyectos en beneficio de la ciudad, sobre todo porque se centran en un asunto que no sólo se circunscribe a un procedimiento del ámbito de su esfera privada, sino que se refiere a la mínima parte de un proyecto que busca rehabilitar y poner en valor un patrimonio, siempre en el marco de un proceso que ha ido contando en todo momento con los permisos habilitantes oportunos”.
