“No podemos actuar como colaboradores necesarios en la masacre que perpetra Arabia Saudí contra Yemen, que ya arrastra un desolador balance de 10.000 muertos desde 2015”. Con esta contundente afirmación la Asociación Pro Derechos Humanos (Apdha) y Ecologistas en Acción en Cádiz vuelven a posicionarse tras la reciente firma del protocolo que se considera el paso previo al suculento y controvertido contrato de venta de cinco corbetas por parte de España (a través de su empresa pública naval Navantia) a dicha “petromonarquía” en Asia occidental.
“La decisión del Gobierno español de vender corbetas al trono saudí, que con seguridad serán empleadas en la guerra contra el pueblo yemení, es éticamente rechazable, a pesar de la pretendida justificación de que creará una importante carga de trabajo en los astilleros de Navantia de San Fernando y Ferrol”, subrayan desde la Apdha y Ecologistas en un comunicado conjunto remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Y es que además, “no se trata solamente de un contrato por 2.000 millones de euros, sino de todo un programa de colaboración bélica con este gobierno autocrático, que pasa por la creación de una compañía conjunta, Industria Militares de Arabia Saudí, la remodelación del puerto de Yeda, el mantenimiento de los buques y la instrucción de los marinos saudíes en San Fernando. Y se une a la constante venta de piezas de artillería, municiones y bombas por parte del Gobierno a Arabia Saudí”.
Ambos colectivos evidencian que “asistimos a un grave conflicto entre el derecho al trabajo en las empresas de construcción naval de la Bahía de Cádiz y los derechos fundamentales a la vida y a la libertad de los receptores y víctimas de ese equipamiento bélico”. En este punto se recuerda que Amnistía Internacional, Human Rights Watch y las Naciones Unidas “han documentado presuntos crímenes de guerra de la coalición encabezada por Arabia Saudí en Yemen, un conflicto en que ha habido decenas de bombardeos ilegítimos y criminales de hospitales, escuelas, mercados y mezquitas”.
“Esta connivencia del Gobierno español con la violación de los derechos humanos se incardina en una escalada del presupuesto del Ministerio de Defensa para este año, que aumenta un 11%, incluyendo el pago de los Programas Especiales de Armamento, y una creciente militarización de la sociedad, que tiene su reflejo en la obligatoriedad de la asignatura ‘Conocimiento de la seguridad y la defensa nacional en los centros educativos’ en la enseñanza Primaria”, lamentan Ecologistas en Acción y la Apdha.
“EXISTEN ALTERNATIVAS DE EMPLEO CIVIL”
Por otro lado, ambas entidades gaditanas tildan de “incomprensible y rechazable” la aprobación que ha suscitado este contrato de armamento, aún por concretarse tras más de dos años prometiéndose, “cuando existen alternativas de empleo civil a la construcción naval militar”, en los sindicatos y “algunas fuerzas de izquierda”; y se señala al propio alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’.
“Una mínima conciencia solidaria y un obligado compromiso por la paz exigen de las fuerzas progresistas la búsqueda de alternativas al paro endémico del sector de la construcción naval que no pasen por reforzar la fabricación de instrumentos de agresión bélica”, se apostilla.
De este modo, se defiende que “la dicotomía entre fabricar artefactos bélicos o productos para el uso civil tiene respuesta adecuada; de esta forma, dejaríamos de actuar como colaboradores necesarios en la masacre que perpetra Arabia Saudí contra Yemen”. Y se vuelven a plantear como alternativas los proyectos de energía eólica off shore y la deconstrucción naval: “son las dos alternativas necesarias para el mantenimiento y ampliación de la carga de trabajo en los astilleros de Cádiz, que harían innecesaria la deriva belicista de construir instrumentos de violación de los derechos básicos de las personas”.
El Plan Estatal Marco de Residuos (Pemar), insisten desde Ecologistas y la Apdga, “identifica una oportunidad real de hacerse con un mercado casi virgen”: el reciclado ecológico de buques (deconstrucción naval), “evitando achatarramientos infames como ha perpetrado Turquía con el portaaviones Príncipe de Asturias”. Este desguace “sin las debidas condiciones” se adjudicó meses atrás en 2,4 millones, “una cantidad que hubiera venido muy bien a las depauperadas arcas de Navantia”.
Y en el caso de la energía eólica off shore, “entraríamos a formar parte de la cadena de valor de esta energía limpia: construcción, equipamiento, instalación, mantenimiento, suministro, reparación… de aerogeneradores en el mar, una oportunidad desaprovechada en Navantia, que solo se limita a la construcción de subestaciones y estructuras de soporte a los parques eólicos marinos”, se considera.
De esta forma, sentencian ambas entidades, “contribuiríamos a desarrollar una cultura de paz, resolveríamos déficits ambientales importantes y ofreceríamos un buen puñado de puestos de trabajo para hacer sostenible a la construcción naval y conseguir descender las escandalosas cifras de paro que padece nuestra población. Y pondríamos coto al escandaloso incremento de las exportaciones de armas que sigue nuestro país”.
