El pleno ordinario de febrero del Ayuntamiento de San Fernando ha aprobado de forma inicial, con reparos de la oposición, la subida de la factura del agua; más concretamente la modificación de la ordenanza municipal que regula las tarifas del agua, agua que explota en La Isla desde hace años una empresa privada, Hidralia (originalmente Aquagest).
El Gobierno local del PSOE plantea esta subida no para que la empresa privada que hace negocio en la ciudad con este bien público gane más, si no para “incentivar el ahorro del consumo ciudadano y, por el contrario, penalizar a los grandes derrochadores”. Una medida que además se enmarca en lo que se llama “estrategia municipal de lucha contra la sequía y las consecuencias del cambio climático2.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, se defiende desde el Consistorio que esta actualización de la ordenanza introduce novedades en las tarifas “con las que incentivar el bajo consumo y gravar económicamente el exceso”. Así, se reconfiguran tres tramos de consumo para cada uso e incrementa el peso de la cuota variable en la factura, mientras que se mantiene estable la tarifa de la cuota fija de uso doméstico, “que supone el 97% de las personas usuarias en San Fernando”.
Además, para los casos de fincas constituidas por más de una vivienda o local y que se abastezcan de un contador único, los cuales suelen estar en el tramo más alto, se ha planteado una fórmula de cálculo distinta para que se abone de manera individual la media por vivienda.
“El objetivo es triple: premiar a las personas que menos consuman, penalizar los consumos excesivos derrochadores y garantizar el acceso de todos al agua”, insiste desde el Ejecutivo de Patricia Cavada.
EL PP DENUNCIA “AFÁN RECAUDATORIO”
Frente a esta explicación, el PP replica que esta medida “no responde a un verdadero interés por fomentar el ahorro de agua, sino a una exigencia de la empresa concesionaria para incrementar sus ingresos”.
En este sentido, revela que Hidralia inició este expediente el pasado 15 de octubre con un escrito en el que solicitaba la revisión de tarifas. En ese mismo documento se recoge que se incrementarán los ingresos en 400.000 euros, mientras que el ahorro estimado de agua apenas alcanza un 0,35% del consumo anual, “una cifra insignificante para justificar semejante subida”.
Además, la concejala popular Inmaculada Marín asegura que los incrementos aprobados afectan a todos los sectores: en el uso doméstico, la tarifa sube un 8,2% en el primer tramo, un 11,1% en el segundo y un 19,3% en el tercero. En el consumo industrial y comercial, los aumentos son del 5,9% en el primer tramo, un 10,8% en el segundo y un 20,1% en el tercero. Y para los organismos oficiales, la subida es del 65,9%.
Para el principal partido de la oposición, esta subida de tarifas, “sumada al informe desfavorable de Intervención”, confirma que la propuesta del equipo de Gobierno “no está trabajada” y responde únicamente “a un afán recaudatorio”, sin ofrecer soluciones reales a los problemas del abastecimiento.
TARIFAS SOCIALES
Por otro lado, el Gobierno isleño remarca que la modificada ordenanza plantea una serie de tarifas sociales que “permitirán apoyar a unidades de convivencia de más de cinco personas, a personas con discapacidad severa, a personas desempleadas, pensionistas y jubilados, a víctimas de violencia de género, a personas en situación de vulnerabilidad” mediante la garantía de suministro mínimo vital, contemplando también la adopción de medidas de apoyo para asociaciones sin ánimo de lucro y para asociaciones vecinales.
De la misma manera, se plantean medidas para “dinamizar” la actividad económica a través de la bonificación de la cuota de contratación en suministros comerciales, o la bonificación del consumo durante los cuatro primeros meses en nuevos suministros comerciales.
Sin embargo, al respecto el PP denuncia que se recorta a la mitad la bolsa social, reduciéndola de 50.000 euros a 25.000 euros anuales, al tiempo que se imponen nuevas causas de exclusión en las tarifas sociales: “las nuevas normas dejan fuera a pensionistas, desempleados y personas con discapacidad que viven en bloques con contador comunitario, afectando especialmente a barriadas como la Bazán, la Barriada Andalucía, Blas Infante o Duque de Arcos”, se advierte.
