El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo interpuesto por un vecino de San Fernando, arquitecto de profesión, contra la supresión por parte del Ayuntamiento del nivel de catalogación del antiguo convento de las Madres Capuchinas (cerrado desde 2017 tras la marcha de las últimas religiosas), a instancias del principal interesado, el Obispado de Cádiz y Ceuta. Estos edificios contaban con un nivel de protección 2 pero pasarán a un nivel 4 de interés ambiental.
Que el TSJA dé este paso ante un “drástico” cambio en el nivel de protección, a AxSí le lleva a reforzar sus sospechas de que “el Ayuntamiento especula con estos suelos y tiene entre manos un pelotazo urbanístico, extremo que denunciamos con exclusividad en el pleno de diciembre de 2023”.
“Pocas explicaciones plausibles se pueden dar para que, de la noche a la mañana, pierda ese grado de protección unos edificios de indudable valor patrimonial, una protección que sólo era superada por los inmuebles considerados como Bienes de Interés Cultural (BIC)”, apunta el portavoz municipal andalucista, Fran Romero.
Al respecto, el propio Romero exige al Gobierno local liderado por Patricia Cavada “que abandone su oscurantismo, que sea transparente sobre lo que se refiere al desarrollo de los suelos de Capuchinas e informe del recurso interpuesto respecto del convenio entre el Obispado y el Ayuntamiento”.
“CAVADA PRETENDE SACAR RÉDITO ELECTORAL DE ESTA OPERACIÓN BENEFICIOSA PARA LA IGLESIA Y LA PROMOTORA”
“Ya en el pasado mandato denunciamos que era poco ético y estético que la antigua delegada de Urbanismo le comprase una finca al Obispado, que es una institución con notorios, y legítimos, intereses urbanísticos en la ciudad. Y en este mandato -añade este partido de la oposición- se incide en esta dirección con un convenio urbanístico con el Obispado y las posteriores modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para el desarrollo de estos suelos”.
En concreto, se modifica y reduce el nivel de protección del inmueble, se descataloga, se aumenta el aprovechamiento urbanístico y se cambia su uso “para poder destinar 5.000 metros cuadrados a un negocio privado (un geriátrico) y 8.500 metros cuadrados a viviendas y locales, de los cuales todavía desconocemos qué porcentaje de viviendas exacto es para vivienda social y si los precios y alquileres de las mismas serán accesibles para las familias vulnerables”, continúa Romero en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
La formación heredera del extinto PA tiene claro que, por un lado, este proyecto, “supondrá considerables beneficios para la propiedad (la Iglesia) y la promotora privada (Promociones Hermanos Lahule)” y que, por otro, la alcaldesa socialista “pretende sacar como prioridad rédito electoral de esta operación a costa del patrimonio histórico isleño que nada le importa”.
De este modo, ante la “falta de información” sobre este proyecto, AxSí se vuelve a hacer una serie de preguntas retóricas: “¿qué ratio de viviendas va a quedar en esa zona tan colmatada de viviendas cuando la LOUA establece el límite en 75 por hectárea?, ¿qué equipamientos sociales para las familias vulnerables se va a ofrecer?, ¿qué tipos de vivienda se ofertarán?, y ¿cómo queda el anuncio a bombo y platillo sobre la cesión al Ayuntamiento de la capilla para su reforma con el fin posterior de cedérsela al Consejo de Hermandades como sede antes de junio de 2025?”. Dicha cesión anticipada se escenificaba el pasado mes de septiembre.
Hasta hoy día no se conocen las cifras que se manejan en esta operación, el dinero que se lleva la Iglesia por esta codiciada parcela en pleno centro de La Isla.
