“Está consiguiendo tener un verdadero mingitorio público en la ciudad a disposición de quien quiera hacer uso de él y a vista del poco turista que nos ocupa y museos que no lo son”. Es la apelación directa a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, por parte de Plataforma 3R, aquel partido local nacido del movimiento antitranvía que ni concurrió a las últimas elecciones de 2019.
Al respecto, se le pide al Gobierno local de PSOE y Ciudadanos que convoque en el mes de septiembre un pleno extraordinario y monográfico “con objeto de abordar la situación de la tenencia de mascotas, de perros, y su capacidad de influencias en la ciudad, en todos los órdenes”.
Esta formación minoritaria sin representación en el Ayuntamiento considera que existe un problema de “insalubridad” en espacios públicos de la localidad, “causa efecto de que estos, inclusive la mismísima calle Real, se han convertido en WC públicos caninos, con defecaciones y micciones por doquier”.
Un problema que 3R entiende que está “agudizando” la primera edil socialista “por su inacción, por su lado favorable a una parte de la sociedad”, generando una “fractura social por no abordar la colisión de derechos que existe entre quienes tienen derechos a una mascota, que nadie lo cuestiona, y quienes tienen derecho igualmente a espacios públicos limpios”.
Sentencia este partido local en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que dicho pleno extraordinario debería tratar “la reforma de la ordenanza de tenencia de animales, esa colisión de derechos, buscar la fórmula para que esa fractura social se pierda” y soluciones de consenso “que nos saque de esta situación”. “Le recordamos que usted dirige los designios de esta ciudad para uno como para otros, nada de posicionarme en un sentido dejando en ascuas al otro”, se deja caer.
No es la primera vez que esta formación -que apenas tiene actividad si no fuera por sus curiosos comunicados- se queja de la presencia de perros en la vía pública: en otoño de 2019 llegó a plantear que las mascotas tengan prohibida la entrada a los parques públicos; y un año antes iba un poco más allá, y proponía un nuevo impuesto para los propietarios para compensar los efectos de pipis y cacas caninas en las calles.
La ordenanza municipal vigente establece que las personas que conduzcan perros y otros animales por la vía y espacios públicos o de uso público, zonas de esparcimiento caninos y parques caninos, “quedan obligados a la recogida de las defecaciones de los mismos”. En caso contrario, se establecen multas de 75 a 500 euros.
