CSIF en el Ayuntamiento de San Fernando ha denunciado en varias ocasiones el riesgo medioambiental y para las personas que supone la acumulación de vehículos abandonados, considerados residuos sólidos, en el depósito municipal de la Jefatura de la Policía Local. A colación, el PP ha anunciado que elevará el caso a la Junta de Andalucía.
El PP en el Ayuntamiento de San Fernando va a llevar hasta la consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía la situación en que se encuentra el depósito de vehículos de la Policía Local, junto a la Jefatura, en la zona de La Magdalena.
Al respecto, la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento denunciaba hace unos días el riesgo medioambiental y para las personas que supone la acumulación de vehículos abandonados, considerados residuos sólidos, en el depósito municipal. Repetía que se lo ha hecho saber al propio Gobierno local de PSOE y Ciudadanos en reiteradas ocasiones, pero ante su pasividad, había decidido dirigirse por escrito a la Junta “por si la situación fuera constitutiva de alguna infracción medioambiental de las previstas en la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental”.
Desde la misma calle se pueden observar unos ochenta coches, unas cien motocicletas y ciclomotores y hasta una embarcación, que fueron retirados en su día de la vía pública para evitar riesgos. Se acumulan hasta en cuatro filas, y para este sindicato, “puede constituir un riesgo más elevado, ya que al no haber recibido ningún tratamiento, no han sido descontaminados y, por tanto, contienen residuos peligrosos”.
Ante un posible incendio o cualquier otro tipo de incidente en el depósito, se alerta de que “la seguridad de las numerosas personas y trabajadores que transitan por la Jefatura o pasan cerca (junto a dos institutos y la residencia de mayores de Cruz Roja) no estaría garantizada”.
CSIF en un nota de prensa remitida a DIARIO Bahía de Cádiz revelaba además que el contrato con un centro autorizado tratamiento para la retirada y gestión de vehículos “está caducado desde el año 2020”.
“es una situación muy grave, ya no sólo por los vertidos de los vehículos, sino porque la ubicación junto a un instituto y a un centro asistencial lo convierte en un auténtico polvorín”
Y ahora, la concejal popular Carmen Roa, recogiendo dicha denuncia sin nombrarla, ha anunciado que su partido, “ante la política de oídos sordos de la socialista Patricia Cavada”, ha optado también por poner en conocimiento de la administración autonómica “un problema que es necesario solucionar de inmediato debido a las graves consecuencias medioambientales que puede generar”.
“Es una situación muy grave, ya no sólo por los vertidos de los vehículos depositados, todos ellos de gran toxicidad, sino porque la ubicación de este espacio junto a un instituto y a un centro asistencial lo convierte en un auténtico polvorín. No es normal que el equipo de Gobierno lo mantenga y consienta. Es de exclusiva responsabilidad de la alcaldesa”, repiten desde el principal partido de la oposición.