Precedidos por una pancarta con el lema ‘La playa de La Casería no se toca. No al derribo, legalización’, alrededor de un centenar de personas (entre vecinos, afectados y políticos de todos los partidos) han secundado en la mañana de este miércoles 17 la manifestación convocada para defender esta singular playa isleña, sus establecimientos hosteleros y sus casetas, amenazados por el derribo por parte de la Demarcación de Costas.
La protesta, que ha partido del mismo barrio y ha terminado en la plaza del Rey, en la misma escalinata del recién reabierto Ayuntamiento, ha abundado en la denuncia que se viene haciendo desde hace meses: este movimiento para restituir la legalidad de la zona acabaría con “un enclave único y singular, que hace a la ciudad y al barrio de La Casería en particular un espacio diferenciador, atractivo, tanto para los vecinos, como para los turistas y visitantes que encuentran en ese sitio una singular belleza, una playa diferente de cualquier otra del litoral marítimo nacional, solo equiparable a las exóticas playas del Caribe”.
Además, se lamenta que este proceso de desalojo y recuperación de suelo de dominio público marítimo terrestre (DPMT) “no viene acompañado de un proyecto de viabilidad y mejora del entorno, sino que el expediente se limita a ordenar el derribo de las distintas construcciones que allí se encuentran sin ofrecer a cambio ningún tipo de alternativa”.
El controvertido proceso administrativo iniciado en el último trimestre de 2020 está ya en su recta final, culminando el pretendido desalojo y demolición de las instalaciones en zona de DPMT, ante un futuro desarrollo del proyecto de recuperación y regeneración del entorno que lleva años en un cajón; eso sí, reclamado a la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico por los sucesivos gobiernos locales liderados por andalucistas, populares y socialistas. Parece que es irremediable la desaparición de las pintorescas casetas y otras ocupaciones de este singular rincón de La Isla. Sólo quedaría en pie El Bartolo, señero establecimiento hostelero que ha podido demostrar que cuenta con una concesión de Medio Ambiente.
Por su lado, desde el Ayuntamiento se defiende que el pasado diciembre se inició el expediente por el que solicita la legalización de los establecimientos e instalaciones ubicadas en este entorno mediante la declaración de interés público; y se envió tanto a la Demarcación de Costas como la consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta la comunicación con la que formaliza la solicitud de los preceptivos informes favorables de estas administraciones para avanzar en la tramitación, al tiempo que les hizo llegar una primera memoria justificativa que “demuestra las razones de la singularidad de este espacio y que sustentan la petición de la declaración de interés público tal como establece la normativa”. Este procedimiento está respaldado por toda la Corporación.
“No es de recibo que se den pasos irreversibles respecto a la situación de La Casería antes de que se culmine esa tramitación”. “No se pueden seguir dando pasos –hacía el derribo- sin que se resuelvan los trámites iniciados por parte de este Ayuntamiento para la declaración de interés público o las que han puesto en marcha los propios afectados por los expedientes de Costas”, ha clamado estos días la alcaldesa, Patricia Cavada.
PODEMOS ‘LLEVA’ LA CASERÍA AL CONGRESO
Y entre tanto, Unidas Podemos ha registrado esta semana en el Congreso de los Diputados una pregunta urgente al Ministerio de Transición Ecológica para pedirle explicaciones acerca de este anunciado “derribo inmediato” de las casetas de La Casería y si tiene intención de paralizar la operación “atendiendo a la solicitud aprobada por el Ayuntamiento de San Fernando de declaración de interés público”.
Lo ha concretado la portavoz municipal de Podemos, Ana Rojas, quien reclama a Costas “algún tipo de alternativa” ajustada a derecho que suponga una respuesta favorable a los pescadores tradicionales y al establecimiento hostelero “sobre los que pesan los expedientes de derribo y la pérdida de muchos puestos de trabajo”.
La formación morada entiende que Costas debe tomar una decisión “teniendo en cuenta la realidad de desempleo estructural que sufrimos” y dando alguna opción más allá del derribo de lo que “es patrimonio cultural y con gran arraigo en el municipio”, teniendo en cuenta además que ese proyecto de adecuación y mejora del territorio que justifica ese derrumbe “ahora es solamente un borrador”.
En la iniciativa registrada en el Congreso por la coalición de Podemos e IU se recalca que el derribo tendría efectos “negativos” sobre el empleo y solicita una alternativa con la participación de Ayuntamiento, Gobierno central y Junta “que salve al negocio de hostelería y la actividad de los pescadores”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Rojas critica la “dejadez” de la Demarcación de Costas con “otras cuestiones que tienen más urgencia” como la fiscalización del mantenimiento de las salinas del municipio. En este punto, recuerda que hay kilómetros de vueltas de fuera que llevan “abandonadas desde hace años y que solamente traen una pérdida absoluta medioambiental y pérdidas económicas al no poder desarrollarse”, y aprovecha para a exigir “a Costas y al PSOE estatal” que se haga cargo de estas competencias que tiene abandonadas.
