Sí se puede San Fernando se quedó en octubre de 2015 con tres concejales en el Ayuntamiento de los cuatro que logró en las elecciones de mayo después de que el grupo municipal expulsara a quien fue su número cuatro, Inmaculada López, por “pérdida de confianza”. Entonces ya se le pidió su acta, pero esta se negó y pasó a ser edil no adscrita.
Y más de dos años después, Podemos San Fernando, que está detrás de dicha agrupación de electores, confirma que López ha sido también expulsada de la formación morada. La decisión ha sido tomada por la Comisión de Garantías Democráticas, órgano independiente de Podemos Andalucía, que ha resuelto la expulsión de la concejala no adscrita después de meses de deliberación.
Desde el inicio del presente mandato, se recuerda en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, existieron “diferentes incumplimientos” por parte de Inmaculada López, que se materializaron en su revocación -como mecanismo democrático-, por parte de las bases. “Tras los intentos de negociación para que devolviera el acta y otros incumplimientos”, Podemos San Fernando dejó en manos de la Comisión de Garantías Democráticas el problema que suponía esta situación dentro de la candidatura municipal.
Tras meses de espera, la resolución finalmente ha llegado y Podemos Andalucía ha decidido la expulsión “tras las denuncias públicas e internas de la formación isleña sobre transfuguismo e insultos y amenazas a miembros de la candidatura, dando veracidad así a las numerosas declaraciones por parte del portavoz, Ernesto Díaz”.
De este modo, Podemos San Fernando insiste ahora en demandar a su excompañera “responsabilidad política” y le exige que devuelva el acta de concejala, “un acta que no pertenece a nadie personalmente, sino al conjunto de las bases y votantes de nuestra formación, tal y como se decidió en la candidatura”.
“LO QUE QUEREMOS PARA LA SOCIEDAD NOS LOS EXIGIMOS A NOSOTROS”
En su momento, desde la agrupación de electores se argumentó, para llevar adelante la revocación de López, el “haber incumplido” una serie de principios. Entre estos: “la convivencia desde el compañerismo, utilizando las amenazas, las trampas, los chantajes, los insultos y la intimidación como forma habitual de defender sus posturas, aún más cuando sus opiniones quedaban en minoría”; “el vincular sus decisiones al método abierto y democrático de participación, negándose a aceptar y a aplicar muchas de las decisiones tomadas por la asamblea o los órganos elegidos democráticamente por ésta”; “el respeto a las diferentes opiniones y la pluralidad política, llegando a plantear la expulsión de otra compañera concejala por hacer pública su opinión sobre la confluencia de cara a las elecciones generales”; y “el asumir el compromiso de poner su cargo a disposición de la gente, negándose a entregar su acta de concejala tras el proceso democrático de revocación”.
Y se reconocía que no fue “una decisión fácil pero es fruto de la pérdida de confianza en esta compañera y el compromiso que hemos asumido, ante la ciudadanía, de hacer las cosas de otra forma. No podemos aceptar las amenazas, los insultos, el aplastamiento de la pluralidad y la democracia. Lo que queremos para la sociedad nos los exigimos a nosotros mismos y, aún más, a quienes asumen el reto de representarnos”.
Los representantes de la candidatura de Sí se puede San Fernando, encabezada por su secretario local, Ernesto Díaz, firmaron un documento “que, si bien no tiene vinculación jurídica, sí la tiene de forma ética y política”. En ella, “se promete que, independientemente de que la ley vigente otorgue el acta de concejal de forma personal, ésta quedaba a disposición de la asamblea de Sí se puede, aceptando así los resultados de un procedimiento revocatorio del cargo si así se decidía”.
