Podemos ha sacado a la luz un nuevo caso de desahucio en San Fernando “en el que no hay una solución habitacional” y “en el que hay además tres menores afectados”. La orden de desalojo está prevista para el miércoles 27 de noviembre.
Verónica Luna, la afectada por este caso, denuncia que la vivienda en la que vive tras ocuparla desde hace tres años, perteneciente a La Caixa, fue vendida hace dos meses a una empresa privada después de que la entidad bancaria le prometiera gestionar un alquiler social que nunca se ha producido. Y la nueva propiedad inició los trámites para el desahucio, que ya tiene orden de ejecución.
Esta vecina, que ha relatado su caso en la sede local de Podemos, asegura que desde el Ayuntamiento no se les ha ofrecido ninguna solución, “pasándose la pelota unos a otros”; afirma que se ha reunido con los ediles socialistas Antonio Rojas y Claudia Márquez, sin resultado alguno.
Al respecto, el coordinador local de la formación morada y concejal, Ernesto Díaz, pide a la administración municipal que medie con la empresa que ahora es propietaria de la vivienda que “ocupó en un acto de desesperación al no tener una alternativa real, que estaba vacía y que pertenecía a una entidad financiera”, para que atienda la demanda de la joven “que propone un alquiler social asequible a su nivel adquisitivo porque ella no se niega a pagar un alquiler, pero los ingresos son muy limitados, teniendo ahora un empleo temporal que acaba en febrero”.
Del mismo modo, se insta también al juzgado a que retrase la fecha de ejecución del desahucio “con el fin de intentar acordar con la empresa ese alquiler social”.
Desde Podemos se recalca la “inacción” del Gobierno isleño, ahora de PSOE y Cs, en cuanto al problema de la vivienda “cuando se siguen produciendo desahucios y no hay por parte su parte ni de la empresa municipal Esisa una solución habitacional urgente para los casos más extremos, como es el caso de Verónica y de sus tres hijos y otros que se siguen produciendo en una ciudad con miles de viviendas vacías y con poca apuesta por la vivienda pública o los alquileres sociales”.
