El partido Plataforma 3R ha decidido personarse como parte en las actuaciones judiciales en relación al desfalco de 7,8 millones de euros de la Caja municipal del Ayuntamiento de San Fernando. Dice tomar esta iniciativa “ante la dejadez por parte de los representantes del pueblo, que mantienen un apagón informativo respecto a un asunto que causa grave preocupación entre la ciudadanía”.
El flamante partido Plataforma 3R ha decidido personarse como parte en las actuaciones judiciales que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 2 de San Fernando en relación al desfalco de 7,8 millones de euros de la Caja municipal.
Esta formación nacida del movimiento antitranvía dice tomar esta iniciativa “ante la dejadez por parte de los representantes del pueblo, que mantienen un apagón informativo respecto a un asunto que causa grave preocupación entre la ciudadanía”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz se argumenta que “este no es un asunto en vías de solución como se quiere aparentar sino que se trata de un tema que está muy vivo y en el que hay que actuar tanto a nivel judicial depurando responsabilidades hasta alcanzar al último responsable como especialmente a nivel informativo, haciendo saber a los legítimos dueños del dinero desaparecido todo lo concerniente al mismo y a las actuaciones que se están llevando a cabo”.
Plataforma 3R insiste de este modo en expresar su compromiso “de llegar mediante actuaciones efectivas y concretas hasta el final en cada uno de los asuntos que preocupan a los isleños caiga quien caiga en la búsqueda de la transparencia y de que se haga Justicia”.
En este sentido, esta formación promete que una vez tenga acceso a los autos, procederá a facilitar “puntual, detallada y completa información” de lo actuado en este caso del robo de la Caja, mediante la difusión en Internet “de todo aquello que la ley permita”, de modo que los isleños “conozcan de primera mano las actuaciones realmente llevadas a cabo por el Ayuntamiento”, que ante la falta de explicación e información “están bajo sospecha provocando alarma social”.
De este modo, consideran que “podrán conocerse públicamente las omisiones y falta de iniciativas o colaboración que pudieran haber existido”, para que la ciudadanía “pueda llegar a sus propias conclusiones evitando el oscurantismo que en este asunto viene impuesto por quienes tienen el encargo expreso de velar por sus intereses”.
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