Plataforma 3R, como muestra de su “defensa de la legalidad y transparencia”, quiere ‘parar’ el tranvía en la Audiencia Nacional

El nuevo partido antitranvía nacido para concurrir a las elecciones municipales en San Fernando, gestado a partir de la plataforma Sentencia Tranvía, ha interpuesto recurso ante la Audiencia Nacional “contra la decisión del Consejo de Ministros que supuso el impulso legal para la puesta en marcha del proyecto del tranvía”, obra que promueve y costea la Junta. “Con objetividad y sumisión al principio de legalidad, la Audiencia Nacional estará en situación de juzgar los defectos de un proyecto sobre el que recae la sospecha”, consideran.

Plataforma 3R, nuevo partido antitranvía nacido recientemente para concurrir a las elecciones municipales de mayo en San Fernando, gestado a partir de la plataforma Sentencia Tranvía, ha interpuesto recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional “contra la decisión del Consejo de Ministros que supuso el impulso legal para la puesta en marcha del proyecto del tranvía”, obra que promueve y costea la Junta de Andalucía.

La decisión del Consejo de Ministros, según este partido, “contiene elementos que pueden verse afectados decisivamente por la nulidad parcial del proyecto que fue declarada en sentencia firme por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y que se encuentra en trámite de ejecución de sentencia”.

Sentencia Tranvía, y su ahora partido político, se aferra a la sentencia de octubre de 2010 del TSJA que declaraba nulo el proyecto del tranvía a su paso por la calle Real -por fallos administrativos- y hablaba incluso de la restitución de todo lo ejecutado. Un fallo que partía de una denuncia de afectados por las expropiaciones en la zona de Montañeses de La Isla. No obstante, IU ya intentó rebatir hace meses a los antitranvía, revelando que existe un auto posterior, de enero de 2012, del mismo TSJA, que tras el recurso de la Junta, acuerda y declara la “imposibilidad material” del cumplimiento de su propia sentencia de 2010, o sea, de restituir la calle Real a su estado original. Del mismo modo, fija un aumento de las indemnizaciones a los afectados de las expropiaciones al 25% del justiprecio. “La ley es la ley, y las sentencias son las sentencias, no se pueden mirar unas y omitir otras”, remarcaban entonces los izquierdistas, que han asumido la consejería de Fomento durante cerca de tres años.

Pese a ello Plataforma 3R dice, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, someter el tranvía metropolitano “a la consideración y decisión de las más altas instancias judiciales del Estado, que con objetividad y sumisión al principio de legalidad estará en situación de juzgar los defectos de un proyecto sobre el que recae la sospecha”.

En un momento en que la Justicia está actuando sin miramientos contra ex altos cargos de los Gobiernos estatal y autonómico, los antitranvía manifiestan su confianza en la Audiencia Nacional “para superar las trabas de intereses partidarios que confluyen en un proyecto que contiene graves irregularidades”, insisten.

Por otro lado, Plataforma 3R concluye que “frente a los que a última hora y ante la cercanía de las elecciones se apuntan a las críticas al tranvía y sus nefastas consecuencias” –parece que se refiere indirectamente al PP y a Ciudadanos-, frente a aquellos que “en los últimos cuatro años no han dado uso a su condición de representantes del pueblo isleño, y han sido cómplices del desastre cotidiano del tranvía, frente a quienes con su silencio son culpables del dislate del tranvía de San Fernando”, reitera su compromiso con los isleños de “actuar y llegar a donde sea preciso en defensa de la legalidad y transparencia, porque el pueblo de San Fernando ya no acepta más palabras vacías y exige actuaciones efectivas”.

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