La Guardia Civil de Cádiz ha recuperado miles de piezas arqueológicas de “gran valor” histórico y patrimonial que habían sido puestas a la venta a través de casas de subasta virtuales. Por estos hechos, se ha puesto a disposición judicial, en calidad de investigados, a un matrimonio residente en San Fernando.
Del registro practicado, los agentes han recuperado miles de piezas arqueológicas que abarcan desde la época fenicia a la de la Primera República. La actividad de los investigados era tan intensa, que en sólo dos años habían obtenido unos beneficios superiores los 103.000 euros, realizando más de 5.100 operaciones de venta.
La investigación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una mujer con domicilio en La Isla podría haber tenido relaciones comerciales que la vinculaban con un contrabandista de antigüedades de Murcia, el cual fue detenido en la operación Dupondio, donde se desmantelo una red de expolio de bienes arqueológicos.
Una vez que los agentes localizaron a esta mujer y a su marido se procedió a realizar un dispositivo de seguimiento y control sobre estas personas pudiendo comprobar que ella tenía cuenta en varios portales en internet dedicados a la venta y subasta de obras de arte y arqueológicas. Asimismo, según relatan desde la Benemérita en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, se pudo constatar que durante los dos últimos años, estas personas podrían haber obtenido unos beneficios que superaban los 103.000 euros, procedentes de la venta de 5.133 lotes de objetos antiguos, operaciones realizadas principalmente en el extranjero.
Igualmente, se pudo comprobar que actualmente la investigada tenía a la venta, en la red, multitud de lotes que ofertaba, desde monedas y abalorios de origen romano, monedas y objetos domésticos de la época visigoda, monedas de la época andalusí, a diversos lotes correspondientes a varios periodos de los siglos XVII al XIX.
Ante el peligro de que estos objetos terminaran en manos de coleccionistas privados, los agentes con el apoyo de técnicos de la delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz, procedieron al registro del domicilio “recuperando una gran cantidad de piezas arqueológicas”.
EL MATERIAL VA, DE MOMENTO, AL MUSEO DE CÁDIZ
La delegación territorial de Cultura iniciará ahora un proceso para depositar en el Museo de Cádiz el material arqueológico incautado. No obstante, el inventario y la catalogación de esta ingente cantidad de material va a suponer un trabajo de gran envergadura, que tendrá que ser llevado a cabo por personal técnico especializado y que se prevé dure un largo período de tiempo.
La Guardia Civil entregará para su depósito en el Museo dicho material acompañado de un listado de piezas, tras lo cual el personal del Museo procederá a su inventario y catalogación. Posteriormente, los materiales se depositarán en un espacio que permanezca sellado hasta que haya una resolución judicial al respecto. En función de esta resolución se dará un destino definitivo a estas piezas. Así, en el caso de quedar confirmada por sentencia su procedencia ilegal podrán pasar a formar parte de los fondos del propio Museo de la plaza Mina,
La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) con base en El Puerto, en colaboración con la Guardia Civil de Murcia, y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de los de Mulas (Murcia).
Se aprovecha para incidir en que es necesario cumplir la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía que dice claramente que “cuando se produce un hallazgo casual deberá ser notificado inmediatamente a la consejería competente o al Ayuntamiento correspondiente”. En ningún caso “se puede proceder sin esta autorización a la remoción de los restos hallados”. Además la ley recoge que “el uso de detectores u otras herramientas técnicas que permitan localizar restos arqueológicos también necesitan permiso. La administración comunica la autorización a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. La Junta dispone de un régimen sancionador para las infracciones citadas, dentro de la propia Ley de Patrimonio Ley 14/2007 de 26 de noviembre.
