El representante de los trabajadores de SAES, con una de sus sedes en San Fernando y que hoy día trabaja para Navantia en la serie de submarinos S-80, continúa su ronda de contactos con grupos políticos para trasladarles la situación en la que se encuentra esta empresa mayoritariamente privada y con beneficios pero afectada por medidas impuestas desde el Gobierno central del PP: no puede pagar a su plantilla lo que le corresponde por convenio.
El representante de los trabajadores de Sociedad Anónima de Electrónica Submarina (SAES), con una de sus sedes en San Fernando, continúa su ronda de contactos con dirigentes y grupos políticos para trasladarles la situación en la que se encuentra esta empresa mayoritariamente privada pero afectada por medidas impuestas desde el Gobierno central del PP.
Ya se ha reunido con el concejal del PSOE y edil de Presidencia del Ayuntamiento, Conrado Rodríguez; y por parte de Ciudadanos, con su concejala Mayte Mas, el diputado en el Congreso por Cádiz, Javier Cano, y otro diputado ‘naranjito’, Francisco de la Torre Díaz, que ejerce de portavoz en la comisión de Hacienda. En los próximos días se ha cerrado otro encuentro con el PP local. A todos se les está pidiendo ayuda para “desbloquear” la situación que sufren.
Conrado Rodríguez se ha comprometido a estudiar la presentación de una moción conjunta en el próximo pleno de febrero en apoyo a esta plantilla. Y Cano igualmente se ha mostrado interesado con esta problemática.
El representante de los trabajadores, Sergio Marín, denuncia en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que el Estado, que tiene el 31% de las acciones de SAES y considera a esta empresa estratégica para la defensa y seguridad nacional, “la incluye entre las afectadas por la rebaja del déficit público, lo que suprime un 10% de su salario, equivalente a una paga extra”. O lo que es lo mismo, la empresa no puede pagar a su plantilla lo que le corresponde por convenio.
Marín incide en que SAES –que hoy día trabaja para Navantia en la serie de submarinos S-80- “es mayoritariamente privada, por lo que sus salarios no los paga el Estado ni deberían estar acogidos a las medidas de control del déficit que marca el Gobierno central”.
“No se acaba de entender que una empresa con beneficios y que no supone coste alguno para el Estado, sufra estas medidas restrictivas en su gestión salarial o de reemplazo de personal, impidiendo ser más competitiva”, agrega, anotando que esta limitación en sueldos “no sólo no tiene ningún efecto en la reducción del déficit, sino que incide negativamente en la gestión al ver mermada su capacidad para retener a los especialistas que trabajan en ella, dificultando la mejora de la productividad y el aumento del grado de competitividad en los mercados internacionales”.
Este representante subraya que esta empresa pequeña en tamaño “es vital” para la defensa submarina y los S-80, “además de ser la única mercantil nacional que desarrolla tecnología avanzada en el ámbito de sistemas de sonar, procesado de sonoboyas, protección y vigilancia marítima, simulación y adiestramiento y estaciones de medición de firmas multiinfluencia de buques”.
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