El Sindicato de Policía Local Independiente (SPLI-UPLBA) en San Fernando ha denunciado que el Ayuntamiento ha adquirido otros 33 chalecos antibalas para su policía sin tener en cuenta que, como advierten las etiquetas de dichas prendas, “no protegen contra rifles, armas de filo o instrumentos corta punzantes”.
“De nuevo la ineptitud, incompetencia y gestión nefasta del equipo de Gobierno, sin respetar lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y lo regulado en el Acuerdo de Funcionarios vigente del Ayuntamiento, por decisión unilateral, arbitraria y sin contar con las organizaciones sindicales, e incumpliendo la normativa vigente”, ha adquirido esta partida de chalecos, con un coste de casi 21.500 euros, según critica este sindicato, insistiendo en que las prendas elegidas supone igualmente “causa de inseguridad para las condiciones de trabajo en el desempeño de las funciones de policía y seguridad ciudadana”.
El SPLI afirma en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que los responsables políticos de la adquisición de estas prendas de protección individual para la plantilla de la Policía Local “siguen interpretando que este colectivo de funcionarios están excluidos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando hay sentencias e informes de Defensor del Pueblo como el de Andalucía, que indican que las administraciones locales deben integrar dentro de sus servicios de Prevención de Riesgos Laborales a los miembros de los Cuerpos de Policía Local, con el alcance dispuesto en diferentes sentencias y directivas, relativas a la aplicación de medidas “para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, que incluso en situaciones de gravedad excepcional exige a las autoridades competentes que velen para que la seguridad y la salud de los trabajadores queden aseguradas en la medida de lo posible”.
En materia de prevención de riesgos laborales, el Consistorio isleño tiene constituido un comité de Seguridad y Salud Laboral, para la evaluación de riesgos, su corrección y medidas preventivas, “sin que hasta la fecha se haya reunido después de haberse devuelto el año pasado los 27 chalecos antibalas, que costaron unos 21.200 euros, y resultaron inadecuados e inoperativos para la trabajo policial ordinario y no reunir las características idóneas de ergonomía femenina, no permitiendo las labores de seguridad ciudadana o labores de riesgo de la mujer policía en igualdad de condiciones”, se recuerda.
Este sindicato expone que al no haberse convocado por parte del concejal de Recursos Humanos y Policía Local, Ignacio Bermejo, reunión de la comisión técnica de Vestuario, que establece el Acuerdo de Funcionarios del Ayuntamiento, para la elección previa en este caso de los chalecos, “no se ha podido examinar y comprobar sus características y diseño, resistencia limitada a ciertas amenazas balísticas, control de calidad con pruebas de nivel contra armas blancas cortantes y punzantes, vigencia de la certificación y garantía de fabricación conforme a la normativa española, etc., al objeto de garantizar que el uso prolongado del chaleco durante toda la jornada laboral no implique riesgo alguno para los funcionarios y reúna una adecuada ergonomía”.
Ante la falta de información y consulta previa a las organizaciones sindicales, desde el SPLI-UPLBA se ha presentado con carácter de urgencia, como reclamación previa de denuncia ante la Inspección de Trabajo, que se convoque reunión del comité de Seguridad y Salud Laboral, “al alterarse las características de seguridad, idoneidad y protección de los chalecos antibalas, al carecer de efectividad contra los ataques con arma blanca que garantice la protección de la vida, la seguridad y salud de los funcionarios de la Policía Local”.
