La Justicia ha considerado nulo el despido de la plantilla del comedor del acuartelamiento de Camposoto, en San Fernando, que trabajaba para la concesionaria Dulcinea Nutrición. De momento, deben ser readmitidos en sus puestos 11 empleados (de 17, en total); los seis restantes deben esperar aún a septiembre a la resolución del juzgado, “que seguramente también sea a favor”.
El caso fue llevado al pleno municipal en varias ocasiones por parte de Podemos y también al Congreso de los Diputados por Unidas Podemos, cuando preguntó a la ministra de Defensa por el plan para el personal despedido en cuarteles de San Fernando y el Campo de Gibraltar, 33 personas en total.
A colación, la portavoz municipal de la formación morada, Ana Rojas, espera que la plantilla sea readmitida “de inmediato” y que el Ministerio de Defensa abone “urgentemente” los salarios que se les adeudan desde diciembre de 2019. Aunque cabe recurso, Podemos espera que “el PSOE admita su responsabilidad con el personal y el Ministerio no recurra la sentencia”.
Estas 17 personas que trabajaban para la empresa Dulcinea Nutrición en Camposoto “pagaron con sus empleos la mala gestión del servicio por parte del Ministerio de Defensa”, pero “la plantilla nunca se rindió y siguió reclamando lo que por justicia le pertenecía”, resaltan desde Podemos en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Rojas ha vuelto a insistir en que la absorción del personal por parte de Defensa “es la solución” y no la vuelta a la externalización del servicio, “que encarece los costes y además provoca injusticias laborales como la vivida por esta plantilla”. Este personal no fue informado de la ruptura del contrato por parte de la empresa y solamente supieron que perdieron sus puestos de trabajo cuando no les dejaron entrar en el cuartel de Camposoto.
La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, durante el segundo semestre de 2019, también llegó a trasladar dos cartas a la ministra de Defensa, Margarita Robles (de su mismo partido), para pedirle una solución urgente a la situación de este personal que se veía en la calle tras meses de impagos por parte de la empresa adjudicataria y movilizaciones. La socialista exigía que hubiera una cesión a otra empresa del contrato o una nueva licitación, y se subrogara a los trabajadores despedidos.
