El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado a la consejería de Salud y Familias a medicalizar la residencia de mayores de la Cruz Roja en San Fernando, una medida que consiste en la adaptación clínica del espacio residencial y la coordinación asistencial con la atención primaria y hospitalaria de referencia.
Cuatro usuarios de este geriátrico han fallecido ya tras dar positivo por coronavirus. Tras la realización de los test rápidos entre todos los residentes y trabajadores de este centro, en La Magdalena, se han contabilizado 49 ancianos afectados (de 151) y hasta 13 trabajadores.
Salud ha tomado esta misma medida con la residencia de mayores La Marquesa, en Jerez, explotada por Vitalia: seis ancianos han muerto ya en la misma a consecuencia del coronavirus. Hasta 69 personas, entre residentes y personal, han dado positivo en los test rápidos.
La medida de “medicalizar” las instalaciones se toma en base a la Orden de 20 de marzo de la Junta, en la que se insta a la adopción de medidas en relación con las actuaciones sanitarias en centros sociosanitarios, cualquiera sea su titularidad y tipología de gestión, en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia del Covid-19.
La delegación territorial de Salud y el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, ya vienen trabajando desde hace días con la residencia isleña, a la que ya se le han proporcionado equipos de protección individual (EPI), además de mascarillas y guantes para los empleados. También se está trabajando en ella desde el Hospital de San Carlos y Hospital Puerta del Mar de Cádiz.
La provincia gaditana cuenta con una red de trabajo formada por enfermeras gestoras de casos que actúan coordinadamente con las enfermeras de familia de los diferentes distritos y áreas sanitarias, para atender, asesorar y colaborar en la atención a los problemas de salud de personas que viven en centros residenciales, surgidos a tenor de la situación provocada por la aparición y extensión del dichoso coronavirus. Asimismo, y además de contar con la enfermera gestora de casos, y para aquellas situaciones que por su complejidad o condiciones clínicas lo requieran, se activa la atención médica presencial.
Igualmente, cuando se detecta la necesidad de presencia de profesionales para continuar con los tratamientos necesarios, así como la vigilancia y control de síntomas durante el tratamiento y evolución de los pacientes, se dota a la residencia de las necesidades profesionales y materiales que se vayan requiriendo en base a criterios clínicos.
IU PIDE EXPLICACIONES
Al respecto, IU anunciaba esta semana que elevará al Parlamento andaluz el caso de la residencia de la Cruz Roja, después de preguntar públicamente a la alcaldesa, Patricia Cavada, sobre lo que estaba sucediendo en este centro, y recibir su “silencio cómplice”.
“No se puede dejar de dar explicaciones y de pedir responsabilidad del trato a nuestros mayores y a nuestras trabajadoras; no se les puede abandonar”, afirma el coordinador local de IU, Gonzalo Alías, que de este modo toma la iniciativa de pedir explicaciones (a través de Adelante Andalucía) al consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre.
Esta formación, actualmente sin representación municipal, recuerda que CCOO denunció hace meses ante la Inspección de Trabajo a la empresa que explota el geriátrico por incumplir los protocolos de seguridad por riesgo biológicos y que por ello hubo por parte de la empresa represalias.
“Son momentos difíciles y complicados, no puede faltar la información por parte de los responsables públicos. Ellos son los fiscalizadores de nuestras vidas y no las empresas privadas y, por tanto, garantes de nuestra seguridad”, insiste Alías; quien entiende que tras el paso del Covid-19, se deberá dar “cumplido homenaje” a las personas fallecidas, así como a todos los trabajadores civiles o militares que están luchando contra esta pandemia.
