El vicepresidente de la Junta y el consejero de Justicia han inaugurado formalmente la nueva sede de los Juzgados de San Fernando, que comenzaba a funcionar hace unas semanas en la zona del Carmen, con polémica incluida: la aparición de diversos expedientes en la basura durante el traslado desde la plaza San José. Para Jiménez Barrios, la Junta ha saldado una “asignatura pendiente” con La Isla. De Llera, por su lado, resalta la funcionalidad, modernidad, la mejor ubicación y el importante incremento en la superficie útil de estas instalaciones alquiladas en principio durante cuatro años.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, han inaugurado formalmente con una visita la nueva sede de los Juzgados de San Fernando, que comenzaba a funcionar hace unas semanas en la zona del Carmen con polémica incluida: la aparición de diversos expedientes en la basura durante el traslado desde el anterior edificio en la plaza San José.
En su momento, la delegación del Gobierno andaluz en Cádiz solicitaba que se abra una investigación “hasta las últimas consecuencias” ante estos hechos “graves” en los que se han vulnerado los derechos de las personas, y pedía que se actuara con rigor para depurar las responsabilidades existentes. Poco más se ha sabido al respecto.
Jiménez Barrios ha destacado que las nuevas instalaciones judiciales permitirán “desarrollar una justicia moderna”. Y ha anotado que la Junta ha saldado una “asignatura pendiente” con La Isla con este traslado demandado desde hace años.
En este sentido, ha valorado esta iniciativa que se produce “en un contexto de recursos públicos escasos”, al tiempo que ha subrayado “el papel fundamental” que han tenido la alcaldesa, Patricia Cavada, y el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, “a la hora de buscar una solución definitiva para la ubicación de la sede judicial”.
Aunque Jiménez Barrios hable de “solución definitiva”, el consejero responsable, Emilio de Llera, recordaba el pasado mes de septiembre que hay redactado y supervisado un proyecto para la construcción de una nueva sede en la ciudad, en suelo cedido por el Ayuntamiento junto a la Comisaría, al que no se renuncia. Sigue aplazado hasta que haya dinero.
770.000 EUROS DE INVERSIÓN
El titular de Justicia ha destacado la funcionalidad, modernidad, la mejor ubicación y el importante incremento en la superficie útil del Edificio Real, nueva sede de los tres juzgados de primera instancia e instrucción, el registro civil y el servicio de notificaciones y embargos de la localidad.
Las nuevas dependencias, ubicadas en la calle Real, cuentan con 1.800 metros cuadrados y han sido objeto de obras de adecuación que se iniciaron en julio de 2015. La consejería ha alquilado este local por un período de cuatro años, lo que representa un coste global de más de 620.000 euros (para la adjudicación se tuvo que convocar el concurso dos veces, ya que a la primera quedó desierto, aunque desde antes se daba por hecho que se reubicarán en este local). El mobiliario adquirido para su puesta en funcionamiento ha supuesto una inversión de 151.000 euros.
En la nueva sede judicial prestan servicio tres jueces, tres fiscales, tres letrados de la Administración de Justicia y otros 27 funcionarios de los cuerpos de gestores, tramitadores y auxilio. La plantilla, ha destacado el consejero en esta visita, está cubierta en su totalidad y cuenta con un funcionario de refuerzo del cuerpo de tramitación, medida prorrogada de forma trimestral e ininterrumpida desde el 1 de julio de 2012.
El equipamiento fue renovado durante 2014 y 2015, años en los que se adquirieron 36 ordenadores, nueve impresoras locales, ocho impresoras multifuncionales, dos sistemas de grabación de vistas y dos videoconferencias. De Llera ha añadido que para el nuevo edificio se ha realizado un estudio de cobertura para las líneas móviles y, dado que no era la adecuada, se han instalado repetidores para optimizarla.
La tasa de resolución, tanto de la jurisdicción civil como de la penal, ha sido positiva durante el año pasado. En el ámbito civil, ha dicho De Llera, cada órgano resolvió 962 asuntos de media, mientras el módulo máximo de entrada establecido era de 550 asuntos anuales. En el ámbito penal, cada órgano resolvió una media de 2.529 asuntos, situándose el módulo máximo penal en 2.470 asuntos.
Por último, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, ha destacado que, el “importante esfuerzo” que están desarrollando los operadores judiciales de San Fernando y el que está realizando la Junta de Andalucía en modernización y en infraestructuras “debería verse acompañado por la creación de nuevos órganos judiciales y más jueces por parte del Gobierno central y que no ha pasado de meros anuncios electoralistas”.
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