El Ayuntamiento de San Fernando va iniciar los trámites administrativos para abandonar el sistema de pago de la tasa estipulada por el Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia de Cádiz y que reúne a la mayoría de los ayuntamientos gaditanos.
Lo ha anunciado el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, que ha avanzado además que el equipo de Gobierno de PSOE y PA ya estudia la puesta en marcha de un nuevo sistema encaminado a “pagar directamente y con los propios recursos municipales” el coste del transporte, tratamiento y reciclaje de los residuos sólidos.
La postura municipal se produce después del “rotundo malestar y el perjuicio que a los isleños les va a producir esta decisión unilateral del Consorcio y el Servicio de Recaudación de la Diputación de continuar remitiendo las notificaciones de cobro”, ha explicado el concejal, aseverando que es “intolerable e inadmisible que decisiones adoptadas sin tener en cuenta a este Ayuntamiento perjudiquen a la ciudadanía”.
Esta decisión puede hacerse extensiva a la permanencia en este órgano provincial, afirmando que el bipartito analizará si es conveniente para la ciudad permanecer dentro del Consorcio Bahía de Cádiz o resulta más beneficioso dejar de pertenecer a él para gestionar con recursos propios los asuntos hasta ahora tratados de manera consorcial.
“Entendemos que, cuando se constituye un consorcio –expone el concejal de Presidencia- es para actuar de manera conjunta y coordinada y emprender acciones encaminadas al bien común de los entes locales. No es fácil tomar una decisión así, pero los intereses de los isleños prevalecen para este Gobierno en cada uno de los órganos y administraciones públicas en las que estamos integrados o representados, y no es lo que está ocurriendo, por lo que el Ayuntamiento asumirá, de manera individualizada y a partir de 2020, el coste de residuos y estudiaremos cómo hacer frente a ese coste pendiente de estos tres últimos años que quieren hacer pagar a la ciudadanía con carácter retroactivo”, ha insistido este concejal del PSOE.
Igualmente, se instará al Consorcio a la convocatoria de una junta extraordinaria en la que se trate esta actuación unilateral en el orden del día donde además conste “las formas con las que se ha llevado este asunto, y se determine de manera conjunta qué es lo que se va a hacer a partir de ahora”.
Para el edil de Desarrollo Económico, el Consorcio ha hecho caso omiso a las reclamaciones efectuadas por el Ayuntamiento isleño en las reuniones mantenidas en diciembre tras conocerse que este órgano estaba emitiendo las notificaciones de cobro (que también han indignado a los ayuntamientos de Chiclana y Puerto Real), así como a las gestiones realizadas particularmente por la alcaldesa Patricia Cavada para que se paralizaran estos envíos, oficializándose esta solicitud y acordándose tratar conjuntamente este asunto para hallar la manera de solventar económicamente esta tasa y los recibos de los años anteriores que ahora quieren cobrar.
Ya previamente el Gobierno local había solicitado la modificación de esta ordenanza, trámite que inició el Consorcio sin que llegara a completarse. “Lo que nos encontramos ahora es con esta actitud unilateral, sin contar con el Ayuntamiento. Los isleños e isleñas no pueden pagar esta mala gestión y no lo vamos a consentir”, argumenta Rodríguez.
EL PP, EN EL ORIGEN DEL PROBLEMA
A decir del concejal de Presidencia, toda esta situación viene provocada originariamente, y precisamente hablando de deficiente gestión, por la actitud del anterior equipo de Gobierno de PP y PA, con José Loaiza al frente. Recuerda que la tasa consorcial entró en vigor en diciembre de 2014 “marcando unas premisas injustas, con unos tramos de cobro dispares que perjudicaba a la ciudadanía y que contó con la aprobación del por entonces alcalde popular”.
El actual Ejecutivo de Cavada solicitó diversos informes desde diciembre de 2018, y a raíz de la decisión del Consorcio de emitir las notificaciones, con el objetivo de paralizar el cobro a través de un recurso contencioso administrativo, “pero los informes jurídicos tanto de la asesoría del Ayuntamiento como del propio Consorcio señalan que esta acción debería haberse ejecutado en el momento de la publicación de la tasa en 2014, por lo que a día de hoy no cabe recurso alguno”.
Por lo tanto, sentencia Conrado Rodríguez, “se permitió esta imposición injusta para los isleños, no se cobró en 2015 porque era perjudicial para los intereses electoralistas de Loaiza en puertas de unas elecciones y dejó el problema como herencia para la ciudadanía”.
