Más del 40% de la plantilla de la Policía Local de San Fernando sigue pendiente de recibir, “desde el año 2018”, un chaleco antibalas como indumentaria personal de la uniformidad y equipo básico profesional de protección individual “para el desempeño de las funciones propias, ante cualquier amenaza y como precaución contra ataques de armas de fuego o armas blancas, además de formar parte del equipamiento de las fuerzas y cuerpos de Seguridad, obligatorio ante el actual nivel 4 de alerta antiterrorista” que se mantiene en el Estado español.
Así lo vuelve a denunciar el Sindicato de la Policía Local Independiente (SPLI-UPLBA), que en esta ocasión señala directamente a la actual concejala de Policía Local, María José Foncubierta, “que además es la responsable de la tramitación del contrato de compra desde el Área municipal de Contrataciones”.
El “incumplimiento continuo” de la legislación española y autonómica, por “desidia política” del equipo de Gobierno liderado por Patricia Cavada “atenta contra las condiciones laborales de los funcionarios de la Policía Local, al impedir desempeñar las funciones policiales en determinadas circunstancias con garantías de seguridad y dar los servicios que demandan los ciudadanos en las mejores condiciones de protección”, insiste este sindicato, que considera que la plantilla está sometida a “una situación de riesgo para la salud, de inseguridad laboral y de abandono total por ineficacia de quienes gobiernan el Consistorio isleño, que en caso de desgracia, lo lamentaremos por culpa de su incapacidad”.
En el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, el SPLI repasa que parte de las actividades que realiza la Policía Local “están contempladas por la normativa general de prevención de riesgos laborales”; en este ámbito, el agente es considerado como cualquier trabajador convencional y en este sentido “tiene derecho a que se garantice su seguridad y salud, y así fue acordado y aprobado por pleno mediante el acuerdo vigente del personal funcionario”.
Del mismo modo, se alude a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que “dice muy claro que el empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos”, por lo que “la carencia del chaleco antibalas supone una imprudencia del Ayuntamiento de San Fernando y una irresponsabilidad de sus gestores municipales”.
Y finalmente, este sindicato policial señala a la Ley de Policías Locales de Andalucía, que entró en vigor el año pasado, que “incluye la novedosa referencia a la prevención de riesgos laborales de las personas integrantes de los cuerpos de la Policía Local”.
