La Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando sigue esperando, desde la Junta, la decisión sobre la ejecución de los trabajos de exhumación en el cementerio municipal, tras el resultado positivo de los sondeos arqueológicos desarrollados a finales de 2016. Se critica la falta de una “propuesta clara” desde la Dirección General de Memoria Democrática.
La Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando sigue esperando, desde la Junta de Andalucía, la decisión sobre la ejecución de los trabajos de exhumación en el cementerio municipal, tras el resultado positivo de los sondeos arqueológicos desarrollados meses atrás.
Este colectivo realizó, entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado, los sondeos arqueológicos en el cementerio isleño como promotora de los trabajos al amparo de un convenio entre la Diputación, el Ayuntamiento y la propia asociación. En dichos sondeos, se constató la existencia de restos humanos con total compatibilidad con los represaliados por el franquismo en, al menos, dos de las siete catas arqueológicas realizadas, así como la existencia de vainas de munición detonadas que pudieran haber sido usadas para la ejecución de los asesinatos.
Según las estimaciones que se manejan en base a los informes arqueológicos previos, se calcula la presencia de restos de hasta 217 personas asesinadas y enterradas en tres fosas comunes.
Sin embargo, desde la conclusión de estos trabajos a finales de 2016 y, pese a la reunión mantenida el pasado marzo con responsables de las distintas administraciones públicas implicadas, la asociación de memoria histórica local lamenta en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que sigue sin tener conocimiento sobre quién va a ejecutar la siguiente fase, correspondiente a la apertura en extensión de las fosas comunes y exhumación de los restos, cuál va a ser el procedimiento de adjudicación y a partir de cuándo van a reanudarse los trabajos en el cementerio de San Fernando.
De este modo, se expresa preocupación ante la falta de una “propuesta clara” desde la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta, organismo competente para la realización de la siguiente fase de exhumación.
Ante ello, la propia Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática ha mostrado su disponibilidad para, al igual que fue promotora y ejecutora de la fase de localización y delimitación de las fosas, volver a serlo en la fase de exhumación, contratando al mismo equipo técnico que participó en la primera, contando con financiación de la propia Junta y la Diputación, junto con el apoyo logístico del Consistorio, “y recurriendo a otras formas privadas de financiación si fuera preciso”.
Este colectivo afirma además que tiene constancia de que otras intervenciones en una línea equivalente, propuestas para actuación en la misma fecha que se incluía la indagación-localización, exhumación e identificación genética en San Fernando, como el caso de Guadalcanal en Sevilla, Colmenar y Álora en Málaga, Camas y Palomares del Río en Sevilla y Monturque y Castro del Río en Córdoba, “ya han comenzado las labores de exhumación”.
La asociación, dentro de la cual se integra la Agrupación de Familiares de Represaliados por el Franquismo, teme que esta “falta de decisión” desde la Dirección General de Memoria Democrática esté relacionada con su proposición de que la segunda fase se ejecute en una única adjudicación (al margen de la necesaria segmentación del trabajo en el interior del cementerio), cuya razón de ser es asegurarse la total apertura de las fosas y exhumación de todos los cuerpos hasta agotar el registro arqueológico, aspecto que considera clave en sus reivindicaciones “para asegurar que la próxima intervención llegue a buen fin”.
Falta también determinar por los mismos servicios jurídicos del organismo autonómico, si la actuación en La Isla se regirá por la normativa anterior a la nueva Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, al estar aprobada su propuesta de actuación con fecha de 21 de julio de 2016, o si, por el contrario, se regirá por la nueva ley recientemente aprobada por el Parlamento andaluz.
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