El consejo de administración de la empresa municipal Esisa ha aprobado estos días la memoria justificativa necesaria para modificar sus estatutos de manera que recojan dentro de su objeto social la prestación del servicio de ayuda a domicilio. Es un paso más en la eternizada municipalización de este servicio público en San Fernando, privatizado desde hace años como en muchos otros ayuntamientos y por ello mismo, con trabajadores precarizados.
Por unanimidad, el pleno del Consistorio isleño ya dio luz verde hace un año al inicio de la tramitación legal para hacer posible esta gestión directa a través de la empresa municipal Esisa (de vivienda y suelo), reformulada como Hemsa. Este servicio (que atiende a unas 500 personas mayores y en situación de dependencia) sigue hoy día explotado por la problemática firma Claros, denunciada de forma reiterada por incumplimientos.
La plantilla (160 empleados, la gran mayoría mujeres) lucha desde principios de 2022 por esta municipalización, tras meses movilizada demandando la jornada de 35 horas semanales. Y el pasado noviembre volvía a manifestarse en la calle “cansada de esperar”, para meter presión al Gobierno local liderado por Patricia Cavada.
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, el concejal de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, subraya que “avanzamos para hacer realidad nuestro firme compromiso de cuidar a quienes cuidan a las personas mayores y a las personas con algún tipo de dependencia en nuestra ciudad”.
En este sentido, el siguiente trámite consistirá en la aprobación de la modificación de los estatutos sociales en la junta general de Esisa. En paralelo, y mientras el procedimiento legal y burocrático sigue su curso, el Ayuntamiento y la propia empresa municipal trabajan ya en todo lo necesario para que dicha sociedad asuma la planificación y organización de este servicio de ayuda a domicilio (que se costea principalmente con fondos de la Junta de Andalucía, ya que es una competencia autonómica derivada a las administraciones locales).
“SE TRATA DE UNA CUESTIÓN DE JUSTICIA SOCIAL”
Insiste este concejal socialista que la fórmula elegida (la misma que siguió por ejemplo el Ayuntamiento de Chiclana hace unos años), aprobada por unanimidad en pleno, “es la mejor desde un punto de vista técnico, jurídico, económico y social. Garantiza la sostenibilidad del servicio y dignifica el trabajo esencial que desempeña la plantilla, cruzada por un problema estructural que, desgraciadamente, afecta a la prestación de este servicio en todo el país. Se trata de una cuestión de justicia social”.
La esperable mejora laboral de la plantilla una vez que esté gestionada directamente desde el Consistorio “redundará además en la mejora de la asistencia prestada y permitirá ganar en calidad con un mayor descanso y rotación de los trabajadores, al tiempo que hará más atractivo este empleo para poder contar con más personal cualificado en un servicio cuya demanda crece como efecto del aumento de la longevidad de la población”, sentencia Rodríguez.
