La Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (Amede) y la Diputación de Cádiz acaban de suscribir un nuevo convenio que regula la aportación de 15.000 euros desde la institución provincial para continuar las labores de exhumación de fosas comunes en el cementerio municipal de La Isla.
Una firma, entre la presidenta Irene García y el representante de la asociación memorialista, Francisco Javier Pérez Guirao, que llega días después de que, en el marco de la campaña electoral de las generales, Unidas Podemos y Amede se quejaran de la falta de implicación de las administraciones públicas en estas labores.
Con este acuerdo, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, se rentoma una relación existente desde finales de 2016, fecha en la que se emprendieron en el camposanto de San Fernando los primeros sondeos en busca de enterramientos colectivos de represaliados, y que continuó en los años siguientes. Amede inició las exhumaciones en el verano de 2017.
El nuevo convenio se destina a un ámbito concreto: la fase 2 del sector B de la propuesta de intervención determinada por dicha asociación. El trabajo de Amede abarca varios campos: la investigación histórica sobre los represaliados, la antropología social, la arqueología y la antropología forense dedicada a determinar el perfil de los restos hallados. Cuando concluya la tarea sobre las fosas debería abordarse la identificación de los restos óseos con el propósito de encontrar una concordancia genética con familiares de las víctimas.
Hasta marzo se habían recuperado los restos óseos de 60 personas con abundancia de signos de violencia (orificios en el cráneo, balística, fracturas y lesiones peri mortem), y la localización de otras 18 cuya exhumación aguarda la instalación de medios para estabilizar el terreno.
La investigación histórica previa a las exhumaciones aporta una cifra de 220 desaparecidos forzosos en San Fernando, en su mayoría concejales republicanos, vecinos destacados por su activismo político o social e incluso militares que no se adhirieron al golpe de Estado franquista del 18 de julio de 1936.
