El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de San Fernando ha mostrado su “absoluto respeto” a las decisiones judiciales, una vez que la Audiencia Provincial ha confirmado la comparecencia como investigados de dos empleados públicos del Consistorio, el interventor y la tesorera, por el desfalco de la caja municipal que se destapaba en abril de 2009. El bipartito expresa su deseo de que se llegue cuanto antes al esclarecimiento de los hechos, y “se pueda reponer” el dinero sustraído.
Ante la resolución de la Audiencia Provincial de Cádiz que confirma la comparecencia como investigados (o lo que es lo mismo, imputados) de dos empleados públicos del Ayuntamiento de San Fernando, el interventor y la tesorera municipal, en la causa penal que se instruye por el robo de 7,8 millones de euros de la caja de las oficinas municipales de Hacienda, desfalco que se destapaba en abril de 2009, el actual equipo de Gobierno municipal formado por PSOE y PA quiere mostrar su “absoluto respeto” a las decisiones judiciales.
Esta confirmación llega más de un año después del auto dictado por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, por el que ya se imputaba a ambos funcionarios, y que fue recurrido, de ahí que se demorara todo el proceso.
En este auto se consideraba que los reiterados fallos de control cometidos a lo largo de años pudieran incurrir en un delito de malversación por parte del interventor y de la tesorera. El Tribunal de Cuentas ya les declaró años atrás como responsables subsidiarios y se les condenó a pagar 67.000 y 30.000 euros, respectivamente. Una sentencia también recurrida.
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, el bipartito traslada su deseo de que las autoridades judiciales “lleguen cuanto antes al esclarecimiento de los hechos”, para poder determinar “con exactitud y claridad” a los responsables de los hechos investigados y que “se pueda reponer el daño causado a la situación económica del Ayuntamiento recuperando los fondos públicos”.
Los principales imputados hasta ahora en este caso del presunto robo de la Caja municipal, entre 2002 y 2008, siguen siendo los funcionarios Clemente Ruiz y María José Lebrero por ser ambos los responsables de la caja en esas fechas; más allá de la llamada trama marroquí, que supuestamente se dedicaba a blanquear el dinero que salía poco a poco del Consistorio. A lo largo de la instrucción, también han sido imputadas por un delito de blanqueo de capitales tanto la esposa como la suegra de Ruiz, el único que de momento ha pasado por la cárcel.
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