El director, el jefe de estudios y el instructor del tiro de un centro de formación con sede en San Fernando han sido investigados por la Policía Nacional y la Guardia Civil, en el marco de la denominada ‘operación Aula’, como presuntos autores de un delito de falsedad documental: habrían realizado irregularidades en la concesión de títulos de los cursos de ‘aspirantes a vigilantes de seguridad privada y sus especialidades’, requisitos indispensable para la obtención de la autorización que habilita para desempeñar la profesión de vigilante de seguridad privada.
Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, la investigación se inició a raíz de las labores propias de inspección y control de las practicas de tiro de los centros de formación que normativamente tiene atribuidas la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz. En una de estas inspecciones surgieron las primeras sospechas sobre un centro en La Isla que no habría cumplimentado las prácticas principalmente, por no haber obtenido aún las oportunas autorizaciones, a pesar de lo cual habrían otorgado los diplomas.
Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional en Cádiz y dando comienzo así a la investigación conjunta que confirmó las sospechas de ambos cuerpos policiales.
Fruto de las gestiones realizadas se detectó que las irregularidades afectaron a la no realización de las prácticas de tiro obligatorias con armas de fuego reglamentarias que han de cumplimentar necesariamente los alumnos dentro de los diferentes módulos formativos que conforman el citado curso, y que en el caso investigado afectaría, por el momento a 32 alumnos.
LAS PRÁCTICAS EN UN SIMULADOR NO SON VÁLIDAS
Para evitar los elevados costes de las practicas de tiro, este centro de formación de San Fernando recurría a simuladores de tiro y a revólveres de fogueo que eran utilizados en un aula del centro, sosteniendo que unas prácticas realizadas de este modo “eran totalmente válidas”.
Los alumnos participantes en el curso se enfrentan ahora a la anulación de sus titulaciones, cuestión que deberá ser dirimida en los Juzgados.
El módulo de armamento y tiro conlleva la realización de prácticas de tiro con revólveres de dotación para vigilantes que necesariamente tienen que realizarse en una galería de tiro autorizada, con munición real o de fogueo y tuteladas por un instructor de tiro acreditado. Por todo ello el centro de formación debe contar con las pertinentes autorizaciones administrativas otorgadas por la Dirección General de la Guardia Civil.
La organización y realización de estas prácticas conllevan un elevado coste económico para el centro que puede oscilar entre los 1.000 y 1.500 euros por sesión, “coste que no todos pueden asumir dada la fuerte competencia en el sector de la formación de aspirantes a vigilantes, cuyo coste de un curso de seis semanas de duración y al menos 180 horas lectivas viene a ser de entre 350 a 400 euros por alumno”.
La superación del curso y la obtención de la titulación permite a los alumnos presentarse a los exámenes oficiales que organiza cuatro veces al año la Dirección General de la Policía. Una vez superados estos exámenes los nuevos vigilantes obtienen su tarjeta de identificación personal que les permite incorporarse en el mercado laboral dentro de las empresas del sector de la seguridad privada y obtener nuevas habilitaciones posteriores como puede ser la de vigilantes de explosivos o la de escolta privado.
EL PRINCIPAL INVESTIGADO, REINCIDENTE
Además, se da la circunstancia de que no es esta la primera ocasión en la que este centro isleño, y de manera más concreta uno de sus directivos con habilitación de vigilante y con una larga trayectoria en la formación de aspirantes a este trabajo en diferentes centros que el mismo había fundado y dirigido, es investigado y sancionado, incluso con la perdida de la autorización para impartir este tipo de docencia.
A pesar de ello, esta persona ha abierto nuevos centros de formación a cuyo frente pone como directores a terceras personas con escasos conocimientos, permaneciendo él en un segundo plano a fin de eludir posibles responsabilidades y no levantar sospechas “por su azarosa trayectoria profesional”.
