La secretaria general para la Justicia de la Junta, Mercedes Fernández Ordóñez -que ha suplido a última hora al consejero,-, ha conocido en San Fernando el proyecto de la futura sede judicial, que suplirá al fin a los obsoletos juzgados de la plaza de San José. El edificio alquilado en la calle Real, junto a la iglesia del Carmen y el Liceo, que hay que adecuar, albergará los tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción, más sus servicios anexos. El PP cree que es una medida “cosmética” y vuelve a exigir que se construya un nuevo juzgado en la parcela cedida hace años.
La secretaria general para la Justicia de la Junta de Andalucía, Mercedes Fernández Ordóñez -que ha suplido a última hora al consejero Emilio de Llera, pendiente de un incendio de gravedad en Jaén-, ha conocido este jueves en San Fernando el proyecto de la futura nueve sede judicial, que suplirá a los obsoletos juzgados de la plaza de San José.
El edificio alquilado en la calle Real, junto a la iglesia del Carmen y el Liceo, que albergará los tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción que hay en la localidad, más sus servicios anexos, contará con una superficie de 1.800 metros cuadrados, frente a los 1.038 de la actual sede.
La previsión es que los trabajos de adecuación del edificio comenzarán próximamente, una vez que el Ayuntamiento ha concedido ya la licencia municipal de unas obras que podrían durar tres meses, según el compromiso que ha adquirido la adjudicataria.
Fernández Ordóñez ha subrayado el “esfuerzo” que ha hecho la Junta para lograr una “mejora sustancial” de los juzgados de San Fernando y del servicio público que prestan a la ciudadanía, “gracias al notable aumento de la superficie disponible para la ubicación de los órganos judiciales y a unas instalaciones más modernas y adecuadas para esta función”.
El contrato de la consejería de Justicia e Interior contempla el arrendamiento del inmueble de la nueva sede judicial durante un periodo de cuatro años, con un coste global de 618.000 euros, lo que supone una renta de cerca de 13.000 euros al mes.
Por su parte, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, ha agradecido a la nueva alcaldesa y compañera de partido, Patricia Cavda, “la celeridad con la que se han tramitado las licencias necesarias para que el proyecto cumpla los plazos comprometidos”. Exactamente, se han otorgado una vez que la empresa adjudicataria ha solventado las cuestiones que habían surgido en relación al proyecto –no se cumplía con la normativa de prevención de incendios-.
López Gil también ha expuesto a los operadores judiciales presentes este jueves en una reunión en el centro de Congresos para presentar el proyecto de la nueva sede de los juzgados que el objetivo de la Junta ha sido en todo momento “contar con unas instalaciones que satisfagan lo más posible a los profesionales que vayan a trabajar en ellas”.
El delegado ha anunciado que en próximas semanas se van a mantener reuniones sectoriales con cada uno de los colectivos y colegios profesionales para debatir sobre algunos aspectos del edifico, tales como la iluminación o la movilidad interna, y analizar las pequeñas modificaciones que puedan hacerse.
“Si todo va según lo previsto, y hasta ahora los plazos se están cumpliendo, a final de año podrá estar en funcionamiento la nueva sede judicial de San Fernando, ya que en el momento en el que la obra esté terminada y nos den la llave al Gobierno andaluz se compromete a emplear solo un mes en completar el traslado”, ha sentenciado López Gil.
“NO PASA DE SER UNA MEDIDA COSMÉTICA”
El PP local se adelantaba a la visita anunciada del consejero de Justicia, que no fue finalmente, manifestando que “será bienvenida siempre que venga a aportar soluciones definitivas a la precaria situación en la que se encuentra la sede judicial isleña y por ende al trabajo de los profesionales de la Justicia”.
No obstante, la derecha temía de antemano que el representante de la Junta utilizara su visita “para continuar con el discurso partidista que ya usara en su anterior estancia en la localidad, el pasado 14 de mayo, en plena campaña de las municipales, y cuyo único objetivo era apoyar a la candidatura socialista”.
“Que nuevamente Emilio de Llera venga a anunciar un parche a las carencias reales que en materia de infraestructura tiene la Justicia en San Fernando, no deja de ser una reiteración totalmente innecesaria y que sólo se entiende desde la necesidad que tiene el actual Gobierno municipal de vender como un logro algo que no pasa de ser una medida cosmética, escasamente paliativa. El traslado de los Juzgados a los bajos de un edificio, la adecuación de ese inmueble y el importe que se va a destinar por la Junta al alquiler por cuatro años de esas instalaciones, no hacen sino generar argumentos a favor de la construcción de un nuevo Palacio de Justicia definitivo”, entienden los populares.
Este partido apostillaba que, curiosamente, el miércoles el Ayuntamiento “ordenaba la retirada urgente” del cartel informativo ubicado en la parcela que se cedió en 2008 a la Junta para la construcción de la nueva sede judicial: “esta medida no puede entenderse sino como una forma de agradar al consejero, quien podría también visitar la Comisaría, y se daría de cara con la realidad que supone el contar con un terreno para construir un edificio adaptado a las necesidades del colectivo judicial y de una gran ciudad como es San Fernando”.
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