Pacma respaldará la concentración convocada en San Fernando para demandar al Ayuntamiento que gestione las colonias felinas, y más en concreto, la Ley de Protección Animal en lo que respecta a la gestión de los gatos comunitarios. Una reclamación que se le hace a un Consistorio que se vende precisamente como “animalista por convicción”.
La protesta se llevará a cabo en la plaza del Rey en la mañana del viernes 28 de marzo, y en la misma se denunciará públicamente que el Gobierno local liderado por Patricia Cavada “está incumpliendo sus obligaciones legales, dejando a su suerte a colonias felinas que dependen exclusivamente del esfuerzo de voluntarios y cuidadoras, sin recibir apoyo ni recursos municipales suficientes”.
En este sentido, la asociación Garra Felina ha expuesto que durante los últimos tiempos, los gestores de colonias de gatos callejeros en La Isla “han asumido, de manera obligada, las tareas de desinfección, limpieza, recogida de basura y acondicionamiento de las mismas”.
Esta entidad añade que “en un contexto de evidente abandono institucional”, ha acumulado ya una deuda de más de 2.000 euros en facturas veterinarias, ha tenido que costear de su propio bolsillo las esterilizaciones de gatas gestantes para evitar un aumento incontrolado de las colonias, e incluso ha aceptado “operaciones de reubicación ilegal de gatos”.
“Alzamos nuestras voces no sólo en defensa de los derechos y bienestar de los gatos, sino también para reivindicar el esfuerzo y sacrificio de los voluntarios que, día tras día, asumen esta carga sin recibir el apoyo económico y estructural que por ley corresponde a los ayuntamientos”, señala Ana Belén Fortes de Haro, representante de Garra Felina, que avisa de que de no atenderse las demandas, se reserva el derecho de huelga de quienes gestionan estas colonias en la localidad, “dejando a libre albedrío el destino de los gatos”.
“LOS AYUNTAMIENTOS DEBEN GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y EL CONTROL ÉTICO DE LAS COLONIAS”
A colación, en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Pacma recuerda que los gatos comunitarios “forman parte del entorno urbano” y que su gestión no puede quedar en manos exclusivamente de ciudadanos y asociaciones que, sin apoyo institucional, se ven obligados a costear de su propio bolsillo las esterilizaciones, la alimentación y los tratamientos veterinarios.
La Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales establece que las administraciones locales deben garantizar la protección y el control ético de las colonias felinas a través del método CER (Captura, Esterilización y Retorno).
En definitiva, se exige al Ayuntamiento de San Fernando que ponga en marcha un programa oficial de gestión de colonias felinas, basado en el método CER, tal y como marca la ley; que se realice el registro completo de todos los gatos atendidos, facilitando un censo que permita la adecuada gestión; que apoye a voluntarios y cuidadores, para que no tengan que seguir asumiendo en solitario la responsabilidad del bienestar de los gatos (aquí se incluye que se costeen tratamientos veterinarios y se abonen las facturas pendientes, y se distribuya el pienso prometido durante años); que dialogue con los colectivos animalistas y ciudadanos preocupados por la situación; y que ponga en marcha campañas de sensibilización para fomentar la convivencia con los gatos comunitarios y evitar el abandono.
