La Plataforma en Defensa del Agua Pública de La Isla pide reunirse con la alcaldesa, Patricia Cavada, y con el nuevo concejal de Sostenibilidad, Ignacio Bermejo, para tratar la fiscalización del contrato del servicio de aguas y alcantarillado a las puertas de la finalización del mismo (en manos de Hidralia), y para plantear su remunicipalización, “en la línea planteada por Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y presidente del Gobierno”.
“Tras 25 años, finaliza en agosto la privatización de la gestión del agua en manos de una única empresa y siempre gobernada por el, por fin desaparecido, andalucismo conservador”, remarca este colectivo, que recuerda que esa privatización de este servicio público “contó en su día con el voto en contra del PSOE, PP e IU”.
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz se subraya que “durante estos 25 años, se nos ha cobrado el porcentaje máximo en la factura del agua, hablamos del 3,25%, cuando se podría haber cobrado el incremento del IPC, que suele rondar el 1,25%”.
Y se insiste en que Aquagest, originalmente concesionaria del servicio “pasó a denominarse Hidralia tras el caso de corrupción (conocido como caso Pokemon) en Galicia con 450 imputados”. E igualmente se recuerda que “los beneficios económicos de la gestión privada del agua en nuestra ciudad van para una empresa francesa. Y hoy día, siguen los cortes de agua”.
Por ello, la Plataforma en Defensa del Agua Pública local solicita esta reunión con el equipo de Gobierno socialista “para conocer el futuro de este contrato”; de la misma manera que reconoce que le hubiera gustado que dicho contrato hubiera estado encima de la mesa para el apoyo de Podemos a la investidura de Cavada y para el presupuesto de 2020.
“Advertimos a las fuerzas políticas de la Corporación que la no fiscalización de este contrato les hará cómplices en la opacidad de la gestión privada del agua, y les pedimos altura de miras para poner como asunto urgente el esclarecimiento del sobrecoste que ha supuesto para la ciudad los 25 años de gestión andalucista al frente de la privatización del servicio de abastecimiento de agua”, se apostilla.
Esta Plataforma sentencia que “la nueva cultura política pasa por la fiscalización y transparencia de los contratos públicos, así como de la información y de la participación ciudadana, de forma transversal y pública”.
