El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Fernando ha dado por finalizada la instrucción por el desfalco de la Caja municipal del Ayuntamiento isleño entre 2004 y 2009, periodo en el que se calcula que desaparecieron unos 7,8 millones de euros. Una instrucción que se ha dilatado cerca de nueve años. Precisamente para no alargar más este proceso, sobre el resto de miembros de la familia marroquí investigados se acuerda la apertura de una pieza separada.
En un auto dictado el 1 de marzo se da traslado del mismo a la Fiscalía y acusaciones para que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación solicitando apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular procesamiento.
Este desfalco se destapaba en abril de 2009, y era el propio Gobierno del PA entonces el que denunciaba el caso. Los principales imputados, a partir de este auto, siguen siendo los funcionarios Clemente Ruiz y María José Lebrero por ser ambos los responsables de la caja en las fechas en las que fue desapareciendo el dinero; más allá de la llamada trama marroquí, que supuestamente se dedicaba a blanquear el dinero que salía poco a poco del Consistorio. A lo largo de la instrucción, también han sido imputadas tanto la esposa como la suegra de Ruiz, el único que de momento ha pasado por la cárcel. Y el interventor José Antonio López y la tesorera municipal María de las Virtudes Gómez, que actualmente continúan ejerciendo dichos cargos en el Consistorio.
LA CLAVE: LA “HOJA DE CAJA” CREADA POR CLEMENTE
La jueza Miriam Solano Martín explica en el auto al que ha tenido acceso DIARIO Bahía de Cádiz que el dinero sustraído entre 2004 y principios de 2009 tenía como procedencia: el líquido de la Caja municipal, “la cual tenía un volumen de ingresos en efectivo excesivo”, ya que a instancias de Clemente Ruiz “se evitaba siempre que los ciudadanos realizaran los ingresos a través de entidades bancarias, sin que tesorera o interventor adoptaran medidas para impedirlo”; cheques o talones bancarios que expedían los responsables de la Caja para incrementar el saldo líquido de esa Caja (eran solicitados por Clemente o María José, aduciendo la necesidad -inexistente- de hacer frente a pagos urgentes de ayudas sociales, y se cargaban a otras cuentas del Ayuntamiento); e importes de tasas por corte de calles y por retirada de vehículos por la grúa municipal.
Para poder retirar los importes sustraídos “casi diariamente” de la Caja municipal, Clemente Ruiz se valía de la elaboración diaria, al finalizar la jornada, de un documento que él mismo había creado, la “hoja de caja”, instalada en su ordenador de trabajo. Este, y, los días que faltaba (casi nunca se ausentaba) María José Lebrero, al elaborar este documento, “disminuían la cantidad que había quedado en la Caja el día anterior y que debía sumarse cada día para determinar el líquido existente en la Caja” (uno y otro, con su presencia, intentaban asegurar que ningún otro funcionario de la Caja pudiera comprobar el líquido que realmente debía quedar). Dicha diferencia era la que diariamente sustraían estos dos funcionarios investigados, según el auto. “Es tristemente sorprendente como, con un mecanismo tan sencillo, se sustrajeron casi 8 millones de euros de dinero público”, deja caer la jueza. De hecho, hubo días en los que se pudo robar hasta 45.000 euros.
Clemente utilizó este dinero robado –afirma la jueza- “en su propio beneficio”, asumiendo gastos (adquisiciones de vehículos, material informático, arrendamiento de viviendas y locales, reforma de vivienda y locales, etc.) propios y de una familia con la que tenía especial amistad, la familia Buselham, la famosa familia marroquí.
Para dar “apariencia de legalidad” al dinero que iba robando de la Caja municipal creó la Inmobiliaria Nora (“una tapadera para justificar el nivel de vida de Clemente”). Una empresa que “sólo acumuló pérdidas durante los años en los que estuvo en funcionamiento”. Para maquillar estas pérdidas, y ofrecer la imagen contable de que la inmobiliaria tenía algunos ingresos -si bien inferiores a los gastos-, falseó las facturas: “apoderándose de los datos de los ciudadanos que liquidaban la plusvalía municipal en la Caja municipal, elaboraba las facturas de la inmobiliaria como si ésta hubiera intervenido en la gestión de la operación de compraventa que originaba la plusvalía, para justificar ingresos inexistentes”. También anota la jueza sobre esta inmobiliaria que “es curioso que el asesor fiscal de Clemente, Manuel Raposo –que durante el pasado mandato de PP-PA en el Gobierno local llegó a ser concejal popular de Hacienda-, viera normal esta situación, pese a lo llamativo que resulta a todas luces”.
Otra forma de dotar de apariencia de legalidad al dinero sustraído fue con la colaboración de la familia Buselham, a través de los negocios creados por ésta, en particular la empresa Team Quad Tr San Fernando, que como la inmobiliaria “tan sólo tenía pérdidas”. En esta empresa aparecía como directora de marketing Manuela Oneto Mondéjar, esposa de Clemente; pero esta “nunca prestó sus servicios en Team Quad, ni cobró cantidad alguna procedente de esta empresa”.
En lo que respecta a los miembros de la familia marroquí que han podido ser localizados en el presente proceso: Hanane Lachiri fue esposa de Mohamed Ali Buselham (conocido como Iván), y quien falleció durante la tramitación de la causa. Durante los años 2004 a 2009 Clemente Ruiz realizó una serie de aportaciones en efectivo que permitieron que Hanane Lachiri y su esposo disfrutaran de vehículos, viajes, créditos, etc. Y Tarik Ali Buselham participó igualmente de las cantidades entregadas por Clemente en su propio beneficio, adquiriendo locales y vehículos.
Finalmente, para eludir las responsabilidades pecuniarias que, en el caso de que se descubriese la sustracción, debiera hacer frente, Clemente, su esposa Manuela y su suegra Dolores Mondéjar Quiñones, vendieron todo su patrimonio inmobiliario. Las ventas comenzaron en marzo de 2004, de forma que a finales de 2006 no existía ningún inmueble a nombre de estas tres personas, “lo que ha impedido realizar ningún embargo o aseguramiento de la responsabilidad civil del presente proceso sobre bienes de Clemente”.
OCHO IMPUTADOS
Ante estos hechos –y a partir de los informes del perito judicial y de la Policía-, la jueza imputa al funcionario Clemente Ruiz, encargado de la Caja municipal, los delitos de malversación de caudales públicos, estafa, falsedad documental, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Mientras a la funcionaria María José Lebrero de Celis, auxiliar administrativa en la Caja municipal, se le imputa un delito de malversación de caudales públicos y falsedad documental. No ha sido posible determinar el importe exacto sustraído por ella, “pues la investigación de su patrimonio no arrojó luz al respecto”. Sin embargo, “existen sobrados indicios de que la misma conocía y colaboraba en las actuaciones de Clemente, e incluso colaboraba activamente en los días -escasos, es cierto- que Clemente faltó a su trabajo”.
El auto entiende que este robo del dinero de los isleños contó con “la ausencia total y consciente de control alguno” por parte de los encargados de ello en esas fechas: José Antonio López, tesorero y posterior interventor durante el periodo consignado –cargo en el que continúa-, y María de las Virtudes Gómez, la tesorera entonces y ahora. Se les imputan sendos delitos de malversación de caudales públicos: “con la omisión de sus funciones elementales colaboraron activamente y de forma consciente con la sustracción producida en la Caja municipal”, se insiste.
“La cantidad del desfalco y el lapso de tiempo del mismo, por sí solos, ya indican que tesorera e interventor omitieron dolosamente sus funciones; pero además, también hicieron caso omiso a las señales del desfalco antes de que se destapase y comenzase la investigación. No estamos hablando de una simple dejadez o retraso en sus funciones, sino de la omisión total y absoluta de ellas. ¿Cómo se puede explicar que en más de cinco años no se controlara el líquido real de la caja municipal?, ¿cómo se explica que no se hicieran los arqueos preceptivos, y en los que se realizaron no se encontraran anomalías? Achacar tales despistes al prestigio del funcionario encargado de la Caja o al retraso y descontrol de la contabilidad municipal es una cortina de humo que pretende ocultar lo apreciable a simple vista: que el Ayuntamiento funcionó durante años sin ningún tipo de control económico”, expone la jueza
Además, a Manuela Oneto Mondéjar (esposa de Clemente) y a Dolores Mondéjar Quiñones (suegra de Clemente) se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, receptación y alzamiento de bienes. “Eran conocedoras de la trama orquestada por su esposo y yerno para aparentar que el dinero sustraído de la Caja municipal tenía origen lícito; y disfrutaron de los importes sustraídos por Clemente pudiendo tener conocimiento de que tales beneficios no podían tener su origen en el sueldo que, como funcionario municipal, cobraba”, se sentencia. Además, participaron en la venta del patrimonio inmobiliario para evitar una posible ejecución futura.
Finalmente, en cuanto a la rama de la familia marroquí implicada y localizada: a Hanane Lachiri (viuda de Mohamed Ali Buselham, quien falleció durante la tramitación de la causa), se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, receptación y alzamiento de bienes; a Tarik Ali Buselham (el hijo menor de este matrimonio, fue detenido y puesto a disposición judicial en diciembre de 2016) se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, receptación y alzamiento de bienes.
Y respecto de los investigados Abdel Lah Ali Buselhan, Rabea Andel Lah Kenya, Nabila Ali Buselhan, Said Chtioui, Abdeselam Ali Buselhan y Khadouj Aarrass –residentes en Marruecos-, la juez, para no demorar más este proceso, pide que se abra pieza separada para la continuación de las diligencias previas respecto de ellos en tanto sean hallados y presten declaración como investigados.
“Se ha dado un paso importante, ya que es normal que sea un caso que preocupa a toda la ciudadanía; y es normal que también muestre preocupación porque dos funcionarios municipales –interventor y tesorera- estén inmersos en esta causa, como investigados, y quiere que se tome ya una resolución en un sentido y otro. Pero al estar pendiente la vía judicial, no corresponde el que se pueda desarrollar ningún expediente por parte del Ayuntamiento; de hecho, le correspondería al Estado al ser funcionarios habilitados. Ellos siguen desempeñando su labor”, ha confirmado el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, en su breve valoración de este auto; añadiendo que también es importante “que pueda recuperarse todo o parte de ese dinero sustraído de la Caja”.
