El PP en el Ayuntamiento de San Fernando espera una respuesta “urgente, clara y pública” de la alcaldesa Patricia Cavada tras conocerse el contenido de las alegaciones presentadas por la empresa que se adjudicó en un principio las obras de la reforma del estadio de Bahía Sur.
La unión temporal de empresas (UTE) Vilor y Trafisa se hizo con esta ambiciosa actuación de hasta 11 millones de euros y en el último momento renunció de forma unilateral antes de firmar el contrato. “No ha hecho otra cosa que poner problemas desde finales de año”, lamentó días atrás el concejal de Deportes, Antonio Rojas; añadiendo que pese a todo es “una buena noticia”, ya que “permitirá pasar a otra de las empresas ofertantes que sí quieren, de verdad, ejecutar el nuevo estadio”.
Sin embargo, ha transcendido que la UTE valenciana no desestimó ejecutar la obra, si no que rechazó que se le “impusieran” unas condiciones “contrarias a las ofertadas, a las licitadas y a las que rigieron las bases del concurso”.
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, la derecha se hace eco de estos “hechos de extrema gravedad”, dándole credibilidad a la denuncia de que el Gobierno isleño del PSOE intentó imponerle condiciones y trabajos que no estaban contemplados en las condiciones ofertadas en el procedimiento de licitación.
“DENUNCIA DEFECTOS E INDEFINICIONES GRAVES EN EL PROYECTO”
A decir de la portavoz municipal del PP, María José de Alba, “estamos hablando de una empresa que afirma haber recibido presiones para asumir obras fuera del contrato, que denuncia la existencia de defectos e indefiniciones graves en el proyecto, e incluso que alerta de riesgos que podrían comprometer la seguridad estructural del estadio y con ello la integridad física de las personas”.
Entre las advertencias recogidas en las alegaciones, la UTE señala que “no ejecutará una cimentación destinada a sostener una estructura que albergará a miles de personas, porque no se adapta a normativa ni cumple con los cálculos técnicos obligatorios”. Además, enumera errores en la gestión de residuos, contradicciones en los planos y omisiones graves que afectarían a la viabilidad misma de la obra.
Ante la denuncia alarmista del principal partido de la oposición, el concejal de Planificación Urbana, José Luis Cordero, en declaraciones recogidas por Diario de Cádiz, tiene claro que la UTE con estas alegaciones (“auténticas barbaridades”), ya desestimadas por el Ayuntamiento al no acreditarse documentación alguna que apoye sus cuestionamientos, sólo persigue no tener que pagar la multa que le corresponde por renunciar a la obra tras perder interés en la misma una vez adjudicada, sanción que ronda los 270.000 euros.
