Después de casi medio siglo cuidando del convento y de las monjas de las Capuchinas, en San Fernando, Ildefonso Portillo y Carmen Guerrero se ven amenazados ahora por una orden de desahucio por parte del Obispado de Cádiz y Ceuta, que podría hacerse efectiva tras un juicio que tendrá lugar el próximo 18 de abril. Desalojo que está vinculado con la operación urbanística que la Iglesia ha pactado en este entorno con una promotora privada y el Ayuntamiento, anunciado por la propia alcaldesa Patricia Cavada antes de las últimas elecciones municipales.
“Esta triste situación no hace justicia a la gran labor que desempeñaron en el convento este matrimonio desde 1975 hasta el traslado de las monjas en 2017”, ha lamentado el portavoz municipal de AxSí, Fran Romero, que ha visitado a los afectados.
Ildefonso, ahora con 72 años de edad, y Carmen, de 68 años, “llevan toda una vida de dedicación y trabajo abnegado. Como trabajadores del convento, una finca de grandes proporciones, se preocupaban día y noche de controlar el acceso, de que nada les faltase a las monjas, de que tuvieran todo lo necesario en caso de enfermedad o atención médica, de ir a la compra y de solventar cualquier tarea de mantenimiento o reparaciones propias del día a día. En definitiva, eran imprescindibles y asumían unas responsabilidades que no entendían de vacaciones o libranzas”, repasa Romero en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
A cambio de este trabajo Ildefonso, ya jubilado, contaba con un contrato laboral por el que percibía el salario mínimo interprofesional mientras que el trabajo de Carmen, sin contrato por escrito sino verbal, se veía remunerado con el usufructo de la vivienda situada en la primera planta del convento. Un usufructo que luego se vería plasmado y reconocido en un documento por parte de la abadesa.
“A este matrimonio, que sólo cuenta con la pensión de jubilación del marido, en ningún momento se le ha trasladado una alternativa por las partes implicadas más allá de la notificación de la demanda de desahucio”, se lamenta.
“UN DAÑO COLATERAL DE UNA PROBABLE ESPECULACIÓN URBANÍSTICA”
En este punto, AxSí espera que este posible desahucio de los últimos inquilinos de las Capuchinas “no sea un daño colateral de una probable especulación urbanística”. Y es que en enero de 2023 se vendió un acuerdo entre Obispado, Ayuntamiento y una firma privada (Promociones Hermanos Lahule) para construir en la parcela del convento viviendas (más de un centenar), locales y una residencia privada para mayores.
Además, el Consistorio recibiría en esta operación la cesión de la antigua capilla en la calle Constructora Naval y sus espacios anexos, con la pretensión de adecuarlos como equipamiento cultural y sede administrativa del Consejo Local de Hermandades y Cofradías.
A este fin era imprescindible cambiar la realidad urbanística del espacio de manera que en estos meses se está tramitando con celeridad el oportuno convenio de planeamiento que modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la protección del inmueble para dar más valor a las parcelas, como se reconoce literalmente en la propia memoria justificativa del expediente urbanístico. De momento aún se desconocen las cantidades que se manejan por la operación y quién va a gestionar y explotar la residencia privada.
Romero considera que “realidades como las de Ildefonso y Carmen deben quedar fuera de toda posible especulación urbanística”. Y aprovecha para reclamar a los implicados en dicha operación que planteen una solución para frenar este desahucio o, en el peor de los casos, ofrecer una alternativa de vivienda viable para este matrimonio: “las partes implicadas tienen la responsabilidad y el deber de velar porque así sea”.
