La Oficina del Defensor del Menor de Andalucía ha celebrado un acto de mediación entre el Ayuntamiento de San Fernando y la Junta, para conocer la situación en la que se encuentran los antiguos colegios de Defensa de La Isla, cuyo mantenimiento no quiere asumir ni una ni otra administración. Tras analizar la postura de las partes, esta institución ofrecerá su posicionamiento. Aunque el Gobierno municipal ya avanzaba meses atrás que acudirá a la Justicia para que esta decida.
La Oficina del Defensor del Menor de Andalucía ha celebrado este lunes un acto de mediación al que estaban citados el Ayuntamiento de San Fernando y la Junta de Andalucía, como uno de los pasos dados por esta institución para conocer la situación en la que se encuentran los antiguos colegios de Defensa de La Isla, cuyo mantenimiento no quiere asumir ni una ni otra administración.
El Defensor del Menor se dirigió el pasado marzo a ambas administraciones exponiendo que esta situación de indefinición en las competencias está afectando al alumnado de los centros docentes Juan Díaz de Solís, Vicente Tofiño y Cecilio Pujazón, iniciando por lo tanto un expediente de mediación con las partes involucradas “al objeto de poder dialogar abiertamente sobre el fondo de la cuestión que está afectando a los intereses de los menores escolarizados y lograr, de manera consensuada, una solución definitiva para ellos”, se especifica en los motivos de la convocatoria de la citación, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz.
La reunión ha sido “básicamente técnica”, habiéndose expuesto las circunstancias jurídico administrativas en la que se encuentran estos centros educativos de la ciudad que hasta el año 2007 eran gestionados por el Ministerio de Defensa y desde entonces pasaron a la Junta. Se trata de una primera sesión de trabajo a la que han acudido técnicos de las partes implicadas.
Ahora, según los representantes del Defensor del Menor en Andalucía, el siguiente paso será analizar la situación y la postura de ambas partes para ofrecer un posicionamiento y una respuesta al respecto.
El Consistorio isleño recuerda que ante la necesidad de buscar una solución intermedia que finiquite el conflicto, y debido a la “falta de avances” con la consejería de Educación –teniendo además en cuenta que desde hace dos años el PSOE gobierna en ambas administraciones-, el equipo de Gobierno local decidió iniciar un requerimiento previo al uso de la vía judicial con el objetivo de que sea la Justicia finalmente la que establezca a qué administración corresponde el mantenimiento de estos centros en su día militares.
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