El Ayuntamiento de San Fernando ya ha enviado a la delegación territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Cádiz el nuevo informe que esta requería en el marco del proceso para tramitar esa declaración de interés público de la playa de la Casería de Ossio, con la que se sueña paralizar los derribos de casetas y establecimientos hosteleros ubicados de forma ilegal en zona de dominio marítimo público terrestre (DMPT).
Aunque la Demarcación de Costas, que está detrás de esa ordenación (solicitada recurrentemente por sucesivos gobiernos isleños) de este singular rincón de la localidad, ya ha dejado claro que no aprobará dicha declaración para legalizar lo levantado irregularmente, y derribará todo; aunque está a la espera de que la Justicia decida sobre los recursos presentados por los propietarios de los dos bares. En paralelo, dice tener redactado ya su proyecto de regeneración: un paseo peatonal y carril bici, y más arena hasta el club náutico.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la alcaldesa, Patricia Cavada, vuelve a reclamar “el diálogo y la unidad de todos, incluida la sociedad isleña, a favor de este proceso (la declaración de interés público) que es el que nos puede llevar a conservar la singularidad, el patrimonio y la historia de La Casería”. “Es fundamental que trabajemos conjuntamente una solución para esta zona, lo que implica que no se den pasos irreversibles y se paralicen los derribos de las diferentes edificaciones hasta que culmine la tramitación”, repite la socialista, con indirecta a Costas, responsabilidad también del PSOE.
Cavada recuerda que este proceso se ha iniciado a instancias del Consistorio, después del mandato aprobado por unanimidad en pleno en noviembre de 2020, “por lo que no cabe duda de la posición inequívoca del Ayuntamiento a favor de esta declaración de interés público”, y así se ha hecho constar en la nueva documentación enviada a la Junta, que ha tardado como cinco meses en iniciar esta tramitación.
En esta tesitura, “y una vez cumplida la obligación por parte del Ayuntamiento de reiterar el interés municipal por tramitar este expediente para que se resuelva de forma favorable, lo que corresponde ahora es que el resto de administraciones competentes, es decir, la Junta de Andalucía y la Demarcación de Costas, dejen claro su pronunciamiento y emitan sus propios informes como corresponde”, detalla la primera edil; apostillando que la actuación de la delegación territorial de Desarrollo Sostenible, en manos del PP, en este proceso “parece querer trasladar a otras instituciones la responsabilidad recabando su posicionamiento, pero se les olvida que este proceso también demanda que la Junta dé a conocer el suyo propio con un informe favorable o desfavorable a la petición tan clara que se ha hecho en base a la normativa”.
INSISTIENDO EN LOS ARGUMENTOS A FAVOR DE LA CASERÍA
La nueva documentación enviada a la administración autonómica reitera todos los argumentos que ya sustentaron la petición del inicio del expediente de declaración de interés público, y vuelve a aportar el dossier y la memoria justificativa.
Así, el informe razona que las instalaciones de La Casería se tratan de un conjunto de peculiares cuartos de aperos destinados a la pesca artesanal y dos zonas de restauración, “de gran arraigo en la zona” y que “dotan a este municipio de un atractivo singular y carácter simbólico ante lo peculiar y pintoresco de su configuración” y que, “lejos de entorpecer el disfrute público de esta zona costera, le aportan una singularidad reconocida a nivel supramunicipal, habiéndose incluido en numerosos reportajes fotográficos, películas y documentales”.
También se recuerda que la pretensión del Ayuntamiento no es que se produzca con esta declaración de interés público una legalización parcial, que obliga a un tratamiento individual de cada instalación o caseta, “sino que se trata de la legalización del actual conjunto en sí, pues no es sino en su conjunto en el que se aprecian las razones que justifica su pervivencia”.
De hecho, tal como se argumenta, el único antecedente en esta línea y en un procedimiento similar está en la propia San Fernando, en el barrio también de pescadores en La Almadraba, en la zona de Buen Pastor, y en ese caso no se hizo distinción alguna entre edificios, casas o instalaciones, sino que se hizo una declaración al conjunto.
El informe municipal también recoge la constancia mediante ortofotos oficiales de la existencia de este asentamiento y las casetas desde 1956, lo que avala también el tratamiento de conjunto de este expediente.
La documentación destaca que no se puede olvidar que se trata de antiguas construcciones que tienen un indescriptible arraigo local, acentuado en el ámbito de La Casería de Ossio, y que son muy anteriores a la entrada en vigor de la propia Ley de Costas, constando su existencia desde el vuelo americano de los años 1956/57 que permitió realizar la mencionada cartografía.
Por si fuera poco, se hace hincapié en que la evidencia de la existencia de este asentamiento no supone una ocupación irregular, ya que a lo largo de los años han sido frecuentes las autorizaciones o títulos habilitantes obtenidos para el establecimiento de las casetas de enseres de pesca, principalmente otorgadas conforme a la entonces vigente Ley de Puertos por el Comandante Militar de Marina de la Provincia Marítima de Cádiz, o bien informadas favorablemente desde ésta para su otorgamiento por el entonces Ingeniero Director del Puerto, Jefe de Puertos de la Provincia.
Por último, el informe del Consistorio argumenta e insiste en que las instalaciones de La Casería son casetas relacionadas con la pesca artesanal y locales de restauración tradicionalmente ubicados en esta zona y cuya incidencia ha sido prácticamente nula sin que tenga justificación su desaparición por esta razón de perjuicio al dominio público.
Al tratarse, en su mayoría, de cuartos de aperos para la pesca artesanal cuyas barcas se ubican en la misma playa o delante fondeadas, la compatibilidad con el dominio público marítimo terrestre “es indiscutible”. En este sentido, la demolición de las mismas más que un beneficio significativo al uso de dicho dominio público, supondría un perjuicio pues se trata de pesca artesanal que necesariamente debe ejercerse en el DPMT, frente al uso alternativo que sería el ocioso en temporada de verano. Además, en todo caso, dicho uso de ocio y esparcimiento en verano no sufre perjuicio alguno pues, como se comprueba en las imágenes aportadas al expediente, las casetas no ocupan la playa en sí y el conjunto no resulta afectado por la subida de las mareas. No en vano, se trata de una ocupación colmatada y de muy pequeña superficie total en comparación con la playa de toda la zona de la Casería, la cual no sufre corte o alteración con la permanencia de estas instalaciones.
De hecho, se puede concluir que este pequeño asentamiento con elementos de poca consistencia no ha generado por sí regresión de playa o costa, y prueba evidente de ello es el reportaje fotográfico de las ortofotos oficiales e históricas que se incluye en la documentación.
