La consejería de Educación de la Junta ha aprovechado las vacaciones navideñas para pequeñas obras de retirada de amianto en diferentes colegios de toda la región. En el caso de San Fernando, ha actuado en el CEIP Constitución, donde se han invertido apenas 1.300 euros en esta actuación de reemplazo de fibrocento, un material prohibido desde principios de siglo por sus riesgos para la salud.
La consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha aprovechado las vacaciones navideñas para pequeñas obras de retirada de amianto en diferentes colegios de toda la región. En el caso de San Fernando, ha actuado en el CEIP Constitución. El Ayuntamiento concedió a finales de año el permiso de obras mayores para la retirada de la cubierta de uralita, según el proyecto redactado por el arquitecto técnico Ernesto Martínez y supervisado por la Agencia Pública Andaluza de Educación.
La empresa encargada de ejecutar los trabajos ha sido Chirivo Construcciones, con un presupuesto de casi 1.300 euros. El fibrocemento extraído del colegio Constitución, al igual que el del resto de seis centros de la provincia y más de cuarenta repartidos por el resto de Andalucía en estas semanas sin clases, será traslado a cementerios homologados, como el de Los Barrios, mediante un proceso “con máximo control de seguridad y un trabajo de auditoría”, según aseguran desde el Gobierno regional.
El amianto es un material prohibido en la construcción desde el año 2002 en España, quedando totalmente prohibido su uso para los nuevos edificios en la Unión Europea desde 2005, debido a sus riesgos para la salud. Su retirada está siendo considerada como “prioritaria” por la administración autonómica, al menos en la teoría; y también por el Ayuntamiento de San Fernando, que recuerda en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que en el pasado mes de agosto actuó en el CEIP Raimundo Rivero retirando los 25 metros cuadrados donde había sido detectado amianto como elemento constructivo, atendiendo así la urgencia de la petición de la comunidad educativa.
La Agencia Pública Andaluza de Educación ha venido realizando desde el pasado verano –sobre todo a raíz del caso del colegio Reggio de Puerto Real, donde los padres amagaron con no volver a llevar a sus hijos a clase, y de diferentes denuncias sindicales- un trabajo de inspección e inventariado dirigido a contar con un registro de infraestructuras educativas con presencia de este material, siendo éste el primer paso del proceso de actuación en la planificación de retirada de amianto de centros de enseñanza, dotada con 60 millones de euros, hasta el año 2022; sin prisas.
(puedes comentar esta información más abajo)
