Al Gobierno local en el Ayuntamiento de San Fernando no le ha salido muy bien su última denuncia acusando por enésima vez a la Junta de “castigar” a la ciudad. El IMPI tiene que reintegrar al SAE casi 12.400 euros, que no ha justificado de la subvención del programa de orientación profesional de 2012. En este sentido, y según la ley, no se le puede abonar ninguna otra cuantía o anticipo correspondiente al mismo programa presupuestario, hasta que no abone la cantidad adeudada. Por ello el Gobierno regional defiende que no ha podido abonar nada del programa EPES, que ahora el bipartito presume de haber puesto en marcha con sus recursos ante el “abandono” de la Junta.
El Instituto Municipal de Promoción de la Ciudad de la Isla (IMPI) del Ayuntamiento de San Fernando, tiene que reintegrar a la dirección provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) casi 12.400 euros, al no haber quedado justificada esa cantidad. Dicha cuantía corresponde al programa de orientación profesional de 2012 –a través del cual se gestionan las unidades Andalucía Orienta-. En este sentido, y según lo marcado por la normativa vigente, no se le puede abonar ninguna otra cuantía o anticipo correspondiente al mismo programa presupuestario –en este caso, el del SAE-, hasta que no abone la cantidad adeudada.
En este sentido, el programa EPES (Experiencias Profesionales para el Empleo) de 2013 pendiente de anticipo por parte del SAE al Consistorio –y que el Gobierno local PP-PA ya ha pregonado, criticando a la Junta, que ha tenido que costear por adelantado para ponerlo en marcha “tras seis meses de espera”- “se ve condicionada por la citada deuda, aunque exista financiación disponible para él”, explican desde la Junta en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
La Ley General de la Hacienda Pública de la Junta establece que “no podrá proponerse el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario por la administración de la Junta de Andalucía y sus agencias”.
Como explican desde la delegación territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Cádiz (entidad a la que se adscribe el SAE en la provincia), el Consistorio isleño tenía como plazo para justificar la subvención hasta el 30 de noviembre de 2013, circunstancia que no se produjo en su totalidad hasta el 13 de febrero de 2014. A partir de esta fecha se inician los trámites oportunos para proceder a la verificación de la documentación aportada.
Con fecha 20 de mayo, se le notifica al IMPI la resolución de liquidación final en donde se le requiere la devolución de esos 12.339,27 euros, “devolución que no se ha producido hasta el momento”. Esta situación, se repiten, impide el pago de diferentes programas del SAE pendientes de cobrar por parte del IMPI, como es el EPES de 2013.
Igualmente se recuerda desde la Junta que la normativa aceptada por parte del IMPI a la hora de solicitar un nuevo programa de orientación laboral marca la obligación de la entidad de comenzar a impartir, en este caso, las prácticas EPES en diciembre de 2013, “independiente de fecha en que se cobre el anticipo, en lugar de julio de 2014 como ha sucedido finalmente”.
“LA JUNTA SIGUE CASTIGANDO A SAN FERNANDO”, SEGÚN EL ALCALDE
Por su lado, el alcalde, José Loaiza, argumentaba que el equipo de Gobierno toma la decisión de iniciar este programa una vez que han transcurrido seis meses sin que la Junta haya abonado el importe del mismo, y llegaba a afirmar que “como siempre, la Junta sigue castigando a San Fernando y vuelve a hacer con las políticas activas de empleo. Hemos decidido comenzar con el programa EPES por nuestra cuenta, porque entendemos que hay gente lo que están esperando y puede beneficiar a un buen número de desempleados de nuestra ciudad. Ya están contratados los técnicos y esperamos que las personas que se beneficien de él saquen provecho de la experiencia y puedan lograr la inserción laboral”.
Este programa supone la contratación de dos técnicos y se van a ver beneficiadas 80 parados. Las empresas donde los beneficiarios harán sus prácticas son de los sectores hostelero, turístico, sanitario y comercial. Las prácticas son por un periodo de dos a tres meses y conllevan el pago de una beca de 399 euros, cobro supeditado a la correcta realización de las mismas. El programa tiene un presupuesto de 107.000 euros, financiado en un 80% con fondos europeos y un 20% de la Junta.
