Desde hace unos días, uno de los temas candentes en San Fernando es la amenaza de desalojo y demolición de las instalaciones (casetas y restaurantes) en zona de dominio público marítimo terrestre (DPMT) de la playa de La Casería, ante un futuro desarrollo del proyecto de recuperación y regeneración del entorno que lleva años en un cajón.
La Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico (que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) ha incoado 59 expedientes de recuperación posesoria que afectan a 61 casetas (cuartos de aperos) y a otras construcciones existentes en estos terrenos desde hace años, como los señeros establecimientos El Bartolo o La Corchuela. En el caso de no aportar en los próximos días documentación que acredite la existencia de título para la ocupación de estos suelos públicos, se pasará al desalojo y retirada de instalaciones. En su defensa, exponen que están allí antes de que la Ley de Costas a cumplir estuviera vigente.
El Gobierno local, partidos de la oposición (que culpan, como no, al Ejecutivo de Cavada), vecinos, hosteleros, ecologistas… todos se están pronunciando en los últimos días sobre la cuestión.
Y este lunes, el subdelegado del Gobierno central en Cádiz, José Pacheco, se ha reunido precisamente con el jefe de la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico, Patricio Poullet, para analizar este proyecto de regeneración de La Casería y buscar posibles soluciones y alternativas para los ocupantes de esta zona de DPMT. “El objetivo es compatibilizar la protección medioambiental y el cumplimiento de la Ley de Costas con el uso actual, que está ligado a la hostelería y a la pesca, y que no queremos que desaparezca”, ha apostillado Pacheco.
En este sentido, el subdelegado también ha anunciado que en los próximos días va a mantener un encuentro de trabajo con la alcaldesa, Patricia Cavada, “para analizar un proyecto que tiene un largo recorrido y sobre el cual han tenido lugar diversas reuniones en el último año entre Costas y el Ayuntamiento y también de Costas con algunos de los ocupantes”.
De este modo, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, una de las alternativas ya planteadas consiste en el retranqueo de los negocios hosteleros “tan solo 58 metros” para que puedan seguir desarrollando su actividad “dentro de la legalidad y sin afectar el dominio público”, una opción en la que ya puede comenzar a trabajar el Consistorio isleño.
Del mismo modo, se ha barajado “en numerosas ocasiones” que los pescadores puedan trasladarse al puerto deportivo que está en las proximidades, en la propia Casería.
El socialista José Pacheco ha destacado que la recuperación y regeneración de esta playa es un “buen proyecto” para La Isla, “ya que la pone en valor”. De hecho así lo ha reivindicado y defendido el Ayuntamiento “a lo largo de décadas” y con distintos gobiernos locales. “Supone su adecentamiento, la eliminación de los escombros y su limpieza, con actuaciones concretas como la creación de un sendero para peatones y bicicletas, de modo que esta zona, como espacio público, esté a disposición del uso y disfrute de la ciudadanía”, se concreta.
“UN PASO POSITIVO” PARA EL AYUNTAMIENTO
El concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, ha valorado ya “de forma positiva” las declaraciones del subdelegado del Gobierno tras la reunión mantenida con Costas. Ha expresado su satisfacción por el hecho de que el haya propiciado el encuentro con Poullet para interesarse de primera mano por la situación y preocuparse por reconducirla. Del mismo modo ha valorado que haya requerido que el Consistorio y sus argumentos sean tenidos en cuenta en la búsqueda de soluciones para este singular espacio de la localidad.
Este edil del PSOE ve “con buenos ojos” que su compañero de partido haya dejado claro que “en este asunto el objetivo es compatibilizar la protección medioambiental y la Ley de Costas con el uso actual de la playa de la Casería, que está ligado a la hostelería y a la pesca”.
“Es una buena noticia que todo estemos de acuerdo en la necesidad de buscar posibles soluciones y alternativas para los ocupantes de esta zona de dominio público marítimo terrestre, lo que ya es un avance significativo respecto a la pasada semana, y en la línea expresada por el Ayuntamiento en todo momento, que siempre ha defendido que cualquier actuación en esta zona debía tener en cuenta a los afectados, más aún cuando aún está por diseñar el proyecto concreto que se llevará a cabo”, reitera Conrado Rodríguez.
A finales de la semana pasada, el Consistorio trasladaba un escrito oficial al jefe de la Demarcación de Costas exigiendo que se busquen “soluciones”. En el oficio, firmado por Cavada, le propone a Costas una actuación en un doble sentido: por un lado la inmediata paralización de los expedientes de recuperación posesoria iniciados “y que tanta alarma social han generado”; y por otro, la constitución de una comisión o mesa de trabajo en la que estuvieran representadas las tres administraciones, estatal, autonómica y local, así como una representación de los afectados “para lograr el mayor consenso en el diseño de la futura y necesaria actuación en esta zona para lograr la recuperación y regeneración de la playa”.
La primera edil socialista recordaba en este escrito a Costas que en La Casería se encuentra “un conjunto de peculiares cuartos de aperos y dos zonas de restauración, de gran arraigo en la zona, y que dotan a San Fernando de un atractivo singular y carácter simbólico dado lo peculiar y pintoresco de su configuración”. “Estas construcciones, lejos de entorpecer el disfrute público de esta zona costera –remarca-, le aportan una singularidad reconocida a nivel supramunicipal, habiéndose incluido en numerosos reportajes fotográficos, películas y documentales”.
Con todo, Cavada ha dejado claro que desde el Ayuntamiento no se pone en duda la intención que hay por parte de Costas para hacer cumplir la normativa vigente sobre la recuperación dominio público marítimo terrestre, pero también considera pertinente la necesidad de cambiar la hoja de ruta de este proceso porque en estos momentos la Demarcación “no tiene aprobada la actuación a realizar en ese tramo de costa que requiera ese inmediato desalojo”.
Desde el Gobierno local de PSOE y Cs se insta a tener en cuenta “todas las alternativas posibles”, incluidas la lógica de consolidar la actual situación mediante concesión otorgada por esa administración de los locales de restauración permitiendo su permanencia durante todo el año, “tal y como se hace con los chiringuitos en otras playas”, o llegando a plantear incluso la legalización de todas las instalaciones previa declaración de interés público debidamente motivado.
“EN NADA AYUDA LLAMAR A QUE SE INCUMPLA LA LEY DE COSTAS”, PARA ECOLOGISTAS
Por su lado, en este asunto Ecologistas en Acción propone una “reestructuración integral” de este singular espacio litoral, con el desplazamiento de las casetas y la legalización de los establecimientos de hostelería.
“Es una realidad que las construcciones existentes en el frente litoral de San Fernando en el saco de la Bahía están en DPMT, y son ilegales. En nada ayuda, y es una clara irresponsabilidad, los llamamientos de entidades ciudadanas, y más aún de partidos políticos y responsables municipales, a que no se actúe, o lo que es lo mismo, a que se incumpla la Ley de Costas”, considera esta asociación conservacionista.
Igualmente, remarca que es también una evidencia que la zona “se ha convertido en un espacio desordenado, y donde se mezclan establecimientos hosteleros con solera, con numerosas casetas, unas de pescadores, otras dedicadas a actividades que nada tienen que ver con la pesca, algunas, de dudosa legalidad”.
Así, Ecologistas denuncia el “populismo barato y la incoherencia” de que están haciendo gala tanto la alcaldesa socialista como los diferentes partidos de la oposición: “por un lado, PP y AxSí (en su momento, el PA) aprobaron un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que obligaba al derribo de todas las construcciones existentes. Y la Junta de Andalucía, con el PSOE, lo ratificó. Todos han defendido el proyecto de playa en La Casería, que implica el desalojo y demolición de todas las edificaciones. ¿A qué viene ahora esa radical oposición al desalojo?”
Por otro lado, este colectivo reconoce que “es entendible la indignación popular cuando existen varias varas de medir en las administraciones públicas”. Y es que la misma administración que permitió la construcción de las “horrendas” torres de La Casería, o el centro comercial Bahía Sur en antiguas salinas, “ahora se muestra inflexibles ante estas construcciones en La Casería. La ley debe ser igual para todos, y aplicarse siempre con el mismo rasero”.
Entonces, ¿cuál es la alternativa de Ecologistas en Acción? Reclama la necesidad de que se reordene la zona, “cumpliéndose la Ley de Costas”, siguiendo varios puntos. Por un lado, la reordenación de todo el frente litoral de San Fernando que da a la Bahía, desde los terrenos de la antigua fábrica de San Carlos hasta los polvorines abandonados de Fadricas, “con actuaciones de conservación del patrimonio y de disfrute y uso público, donde podrían ser compatibles los chiringuitos existentes”.
Además, se plantea la reubicación de las casetas de los pescadores y mariscadores “legales” en la zona trasera, fuera del DPMT, que es de titularidad municipal (como propone Subdelegación). Eso sí, “las casetas deben ser de nueva construcción, que mantengan su tipología, pero con materiales más nobles y una adecuada ordenación, y en régimen de alquiler”.
Igualmente, los ecologistas entienden que se puede otorgar a los dos establecimientos hosteleros afectados concesiones administrativas para permitir el mantenimiento de la actividad. Existen precedentes de concesiones a restaurantes en zona de DPMT; las más recientes, al afamado Aponiente en El Puerto y al cuartel de la Guardia Civil en La Loma del Puerco, en Chiclana. “De hecho, El Bartolo ha disfrutado hasta hace poco de una concesión de Costas”, se afirma. “Hay que convertir un problema, la ilegalidad de unos restaurantes ocupando DPMT, en una oportunidad, establecimientos legales, con espectaculares vistas a la Bahía de Cádiz, y con el hecho singular de quedar rodeados de agua en mareas altas”, se señala.
Y finalmente, esta entidad pide un sendero peatonal que abra este espacio al público general, “y permita valorar el paisaje del saco de la Bahía, huyendo de paseos mamotréticos, más caros, impactantes e innecesarios”. En este sentido, se muestra en contra, también, de la propuesta oficial de la creación de una playa artificial ya que “en La Casería nunca hubo una playa arenosa, son playas fangosas, y así deben seguir siendo”.
PODEMOS PIDE CONSENSO E IU HABLA DEL “POSTUREO DE LA CASERÍA”
En este asunto, Podemos ha exigido a las administraciones implicadas en el anuncio del desalojo y derribo de casetas y bares de La Casería que “expliquen detenidamente” cuál es el plan de mejora y que busquen una solución para las partes afectadas.
Así, la portavoz de la formación morada, Ana Rojas, ha pedido “claridad” respecto a ese “plan de mejora” al que apela la Demarcación de Costas “para nada aprobado y que sigue siendo hasta día de hoy simplemente un borrador”. Señala también que este plan no cuenta con presupuestos ni un calendario que permita “dar luz” a la situación ni cuenta con alternativas a las familias afectadas, “alrededor de 70 personas” entre puestos de trabajo directos e indirectos entre la pesca y los negocios de hostelería.
Este partido de la oposición insiste en la búsqueda de alternativas consensuadas entre todas las partes implicadas: “soluciones, negociación, consenso y mejoras, pero con soluciones claras e intermedias, que permitan no poner en juego –como mínimo- el bienestar y la seguridad laboral de todas estas familias en La Casería”.
Y desde fuera del Ayuntamiento, IU aprovecha para recordar que “todos los últimos alcaldes” de San Fernando “han apostado por la especulación del llamado balcón a la Bahía”. “La maquinaria inmobiliaria del PSOE, las torres de los andalucistas y el ninguneo de la zona por parte de los populares, dejaba claro que el tema de la playa de La Casería y su entorno, su valor social, paisajístico, medioambiental y patrimonial, no estaban en su agenda”, se interpreta.
Como Ecologistas, la coalición izquierdista abunda en que la regeneración de la playa de La Casería “es algo que nace de una petición de los gobernantes locales, y por tanto, intentar culpar a los técnicos de Costas es la reacción cobarde al ver el rechazo de la ciudadanía a los desalojos planteados”. “Todos conocían que la regeneración de playa llevaría a la resolución de los expedientes por parte de Costas”, subraya el coordinador local de IU, Gonzalo Alías, que pide a quienes han tenido responsabilidad de gobierno en los últimos años (PA, PP y PSOE) que “asuman su responsabilidad por no haber encarado este problema cuando tuvieron la ocasión de hacerlo”.
