Grupos ecologistas han mostrado su “más absoluta indignación” por la “desastrosa” gestión de la piscifactoría Cultivos Marinos Integrales, ubicada en la antigua salina de La Leocadia, en el término municipal de San Fernando y dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz, y el papel jugado por las diferentes administraciones competentes, que tras las denuncias de los últimos meses, ha desembocado en la muerte de momento de más de 12.000 doradas, como acaba de confirmar el Seprona de la Guardia Civil.
Ya a finales de junio saltaba a los medios, incluso de más allá de la provincia, que estaban muriendo miles de peces en estas instalaciones por la falta de alimento y la disminución del oxígeno en el agua, debido al “total abandono” en que está sumida esta piscifactoría por parte de la empresa concesionaria, Proyet XXI Century, propietaria del ciudadano ruso Alexander Nazarov.
Se alertaba entonces de que se estaba dejando a su suerte a unas 100.000 doradas, algo que “podría provocar un desastre ecológico y sanitario” en la zona. Ello hizo reaccionar a las administraciones competentes para que presionaran al empresario y poco después estos peces ya disponían de pienso y medios para sobrevivir, aunque según los pocos trabajadores que quedan en activo, eran insuficientes. De hecho, el pasado mes de marzo la piscifactoría ya vivió un episodio muy parecido.
Tras los últimos acontecimientos, Ecologistas en Acción acusa de “pasividad” a las administraciones públicas ante “el desastre ecológico anunciado” que está teniendo lugar en la piscifactoría de La Leocadia. “No se entiende que teniendo perfecto conocimiento desde hace meses del estado de abandono, ni la Demarcación de Costas, que otorga la concesión de los terrenos de dominio público, ni la Junta de Andalucía, que otorga las autorizaciones para la explotación acuícola, hayan hecho nada. Sólo inspecciones a golpe de denuncias que han comprobado la gravedad de la situación… y poco más”, se cuestiona en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Y se insiste en que tanto la Ley de Costas como el Decreto de la Junta que regula la piscicultura “otorgan facultades a las administraciones para anular las concesiones o autorizaciones cuando se incumplan de forma grave, como es el caso, las condiciones de las mismas”.
A juicio de Ecologistas, Costas “debería haber tramitado ya, y de forma urgente”, la caducidad de la concesión que otorgó a Cultivos Marinos Integrales, “por grave y reiterado incumplimiento de las condiciones de dicha concesión”.
Por su lado, defiende esta asociación verde, la consejería de Agricultura y Pesca “también debería haber aplicado de forma fulminante el artículo 24 del Decreto 58/2017, de 18 de abril”, por el que se regula la acuicultura marina en Andalucía.
Este señala, literalmente, que “la Dirección General competente en materia de acuicultura marina, previa audiencia a la persona titular de la autorización, declarará extinguido el título administrativo cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: d) Cuando exista incumplimiento de las condiciones establecidas en la Resolución de autorización”. Más aún, este Decreto obliga al titular de la autorización a reponer el daño causado y faculta a la administración regional a mantener la actividad tras la extinción de la autorización: “extinguida la autorización de cultivos marinos con ocupación en dominio público será obligación de la última persona titular reponer a su cargo cualquier alteración que su actividad haya ocasionado al medio, y restaurar la zona a su estado natural, previo informe de la Administración Ambiental. No obstante, la consejería podrá proponer el mantenimiento de las obras e instalaciones… cuando estime conveniente mantener el uso acuícola de las instalaciones, por existir demanda en el sector y considerar que las instalaciones tendrían fácil aprovechamiento por un tercero”. “¿Por qué no lo hacen?”, se preguntan desde Ecologistas en Acción.
Igualmente, también sorprende a este colectivo la “pasividad” mostrada por la consejería de Medio Ambiente, que gestiona el Parque Natural Bahía de Cádiz –donde se localiza esta piscifactoría-, y de la Junta Rectora de este espacio protegido.
“El escándalo de esta situación es mayor aún si se tiene en cuenta que esta empresa ha recibido sustanciosas subvenciones, que superan el millón de euros, de las administraciones públicas”: Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación “y, sobre todo, del ‘instrumento financiero de orientación a la pesca’ de la Unión Europea”, se apostilla.
De este modo, Ecologistas concluye que “la desidia, cobardía o incompetencia” de las administraciones responsables de estas concesiones y autorizaciones “están llevando al Parque Natural a una situación límite, que puede agravarse más aún”, pues todavía quedan 80.000 doradas “que pueden correr la misma suerte que las 20.000 que ya han muerto por inanición o falta de oxígeno”.
AGADEN ESTUDIA ELEVAR EL CASO A LA FISCALÍA POR SI HUBIERA DELITO
Igualmente, la Asociación para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (Agaden) critica la respuesta de la Junta en este asunto, que se lleva alertando desde hace semanas. Entiende que las respuestas desde las administraciones competentes “no han sido contundentes”.
Añade que “es increíble” que una empresa la cual ha recibido subvenciones y que se encuentra con una concesión de terrenos públicos y en pleno espacio natural protegido, “no sea requerida por ninguno de los organismos públicos con competencia (diferentes delegaciones de la Junta y/o incluso el propio Ayuntamiento de San Fernando) para resolver la situación de forma definitiva; pues solo se le ha requerido al propietario a gestionar la situación, dando riendas sueltas al mismo, ya que éste en todo momento ha aplicado ‘parches’, aportando solo oxígeno para un mes y alimento insuficiente para el mantenimiento. Ninguna de las administraciones en este caso ha llevado a cabo un seguimiento riguroso de las acciones realizadas, llegando fatídicamente a este término”.
Este grupo ecologista considera que no se están llevando a cabo “actuaciones contundentes y rigurosas en diversas materias” por parte de los diferentes organismos implicados, frente a las denuncias presentadas. Y cree “vital” en este caso que la Junta “actúe de forma rápida y con acciones definitivas”. No obstante, ya avanza que estudiará si los hechos acontecidos son constitutivos de delito contra el medio ambiente o similar, en cuyo caso se plantea el denunciar ante fiscalía.
Por otro lado, el Partido Animalista (Pacma) ya solicitaba semanas atrás el “cierre inmediato” de esta piscifactoría en suelo isleño y un plan para liberar “de forma responsable y programada” a estos “animales explotados y en riesgo de volver a ser abandonados a su suerte”. Al respecto, hablaba de “caso de claro maltrato animal”.
