“El derecho al agua sigue fuera de la agenda de Romero y Cavada”. Lo evidencia la Plataforma en Defensa del Agua Pública de La Isla después de que el Ayuntamiento de San Fernando haya anunciado que iniciará los trámites para licitar un nuevo contrato del servicio municipal de agua y alcantarillado; o lo que es lo mismo, para que este servicio público, actualmente gestionado por Hidralia, siga privatizado.
Ante este paso, dicha Plataforma asegura que acudirá al Defensor del Pueblo Andaluz, entendiendo que “el máximo órgano andaluz para la protección de los derechos es la persona adecuada para mediar entre la ciudadanía y el Gobierno local”. En este caso, le solicita mediar por la recuperación de la gestión del servicio de aguas a manos del interés público.
Jesús Maeztu firmó el pasado noviembre la llamada Declaración de Cádiz sobre el derecho humano y la gestión pública del agua. En ella se reconoce que “el abastecimiento de agua para el consumo humano y el saneamiento es un derecho humano (…) indispensable para vivir dignamente”; también que “el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”.
La Plataforma en Defensa del Agua Pública de La Isla también recuerda que en marzo solicitó entrevista a la alcaldesa y concejala de Participación Ciudadana, Patricia Cavada; “sin embargo, aún no ha concedido esta reunión, y tampoco se ha interesado por la defensa de la gestión en beneficio de la ciudad”.
“Esperamos que la mediación de una autoridad como Maeztu sea el toque definitivo que ponga a Cavada a trabajar con responsabilidad por el pueblo cañaílla”, concluyen desde la Plataforma en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Por otro lado, sin dejar este asunto, Sí se puede San Fernando reconocía días atrás que está negociando con el bipartito PSOE-PA, en minoría, el presupuesto municipal para 2018. Y de hecho, la remunicipalización del servicio del agua es unos de los puntos más importantes de estas conversaciones. “Las dificultades que pone el PSOE son legales, argumentado su imposibilidad, aunque en Cádiz, Chiclana o Jerez hay procesos de remunicipalización que se están terminando, por lo que se han quedado sin argumentos para decir que son imposibles”, a decir de la agrupación de electores, que se ha ofrecido a redactar informes que expliquen los procesos seguidos en la capital para la internalización de los servicios de playas, donde se ha contado con el respaldo de los socialistas.
PENSANDO EL MANTENER PRIVATIZADO EL SERVICIO
Mientras, desde el área de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento ya se informa de que, con vistas a un nuevo contrato del servicio municipal de agua y alcantarillado, se elaborarán unos nuevos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas que se adaptarán a la normativa que ha ido entrando en vigor durante los últimos años y que ha culminado en la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Por esta razón, en los próximos pliegos, se apunta, “primarán criterios como una mejor relación calidad-precio, una contratación socialmente responsable, la presencia de consideraciones de índole medioambiental y de innovación y desarrollo, una mayor racionalidad económica de los fondos públicos y la aplicación de las normas correspondientes a la revisión de precios”.
Además, el Gobierno local afirma que establecerá un cauce de participación con los distintos partidos “para que el nuevo contrato cuente con el máximo consenso político”.
Los primeros trámites para esta futura licitación pasan por el pleno acuerde comunicar a la actual concesionaria del servicio la decisión de extinguir el actual contrato una vez vencido el plazo del mismo e iniciar los trámites que permitan iniciar la licitación de uno nuevo.
“El próximo contrato tiene como fin ofrecer a los isleños un nuevo servicio de saneamiento y alcantarillado, que es uno de los que afecta de forma más cercana y cotidiana a nuestras barriadas”, señala el concejal responsable, Fran Romero. Y añade que “después de 25 años de concesión, la mejora pasa necesariamente por un nuevo contrato del servicio, cuyos pliegos han de ajustarse a la normativa vigente y que han de contemplar novedades y medidas que se adapten a la misma”.
