Alrededor de medio centenar de personas al grito de ‘No nos moverán’ ha protagonizado este lunes una concentración en Cádiz frente a la sede de la Demarcación General de Costas en defensa de la playa de La Casería, en San Fernando, donde han exigido ser recibidos por el Jefe de la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico, Patricio Poullet, para que escuche los testimonios de los afectados; pero nadie les ha atendido. Se asegura que están en juego más de 50 puestos de trabajo, más allá de un rincón singular de la ciudad frente al saco de la Bahía.
Estos pescadores y vecinos de esta zona señera de La Isla, con pancartas y carteles de ‘no se toca’, ‘no al derribo’, ‘legalización’… arropados por concejales de PP, AxSí, Podemos e incluso del PSOE (aunque populares, andalucistas y morados han criticado a la alcaldesa, Patricia Cavada, por no acudir a la protesta frente a una administración en manos de su mismo partido) se oponen al derribo de casetas y negocios de hostelería que ilegalmente ocupan la zona de dominio público marítimo terrestre (DPMT).
“Ha quedado claro que La Casería no se toca. Todos coincidimos en que es necesaria la regeneración de la zona, pero es algo que no se puede hacer a cualquier precio y renunciando a la identidad del barrio. Es una falta de respeto para todo un barrio y una ciudad el no haber atendido las peticiones y haberlos recibido en la Demarcación de Costa”, señalan a su vez desde la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, cuyo presidente Antonio Romero acudía igualmente a la protesta. “Solicitamos de todos los partidos unión para alcanzar un acuerdo beneficioso”, se apostilla.
Con todo, el proceso administrativo iniciado en el último trimestre de 2020 parece imparable, culminando el pretendido desalojo y demolición de las pintorescas instalaciones en zona de DPMT, ante un futuro desarrollo del proyecto de recuperación y regeneración del entorno, reclamado a Costas por los sucesivos gobiernos locales, y que ahora parece estar listo.
Desde finales del pasado año, el Ayuntamiento trata de salvar este rincón de la localidad solicitando la declaración de interés público de la zona; un expediente que la Junta de Andalucía admitía hace apenas unos días que acaba de iniciar, mientras que Costas ya ha dejado claro que no va a dar su visto bueno a esa declaración y que está decidido a derribar todo este frente singular de La Casería, aunque está a la espera de que la Justicia decida sobre los recursos presentados por los propietarios de los dos bares. En paralelo, dice tener redactado ya su proyecto de regeneración: un paseo peatonal y carril bici, y más arena hasta el club náutico.
ADELANTE ELEVARÁ LA CUESTIÓN AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
En esta concentración también se ha dejado ver José Ignacio García, parlamentario andaluz por Cádiz de Adelante Andalucía (ahora en el grupo de los no adscritos), que ha anunciado que llevará el conflicto al Parlamento para que el Gobierno autonómico de PP y Cs se pronuncie al respecto.
En concreto, registrará una pregunta dirigida a la consejería de Medio Ambiente con el objetivo de que explique las actuaciones que ha tomado para el mantenimiento de las casetas de la playita isleña.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, García reitera que La Casería “es un tesoro para los isleños y para todo la provincia. Un enclave único sostenible medioambientalmente y con una tradición de décadas”. Pero es que además, ha insistido en que “supone un modo de vida y un modo de ganarse el sustento para cerca de 60 familias, entre pescadores y el personal de hostelería de las dos cantinas”.
Es por eso que ha mostrado “el rechazo de Adelante Andalucía y nuestro máxime apoyo a las familias porque tenemos claro que esto obedece a otra operación inmobiliaria de la que son víctimas nuestras costas de Andalucía”. “Llama mucho la atención que no conozcamos el proyecto de lo que se quiere hacer allí pero sí el derribo encima de la mesa desde hace meses”, ha dejado caer.
Además de la iniciativa parlamentaria, Ángela Aguilera, también parlamentaria de Adelante, tiene previsto mantener estos días una reunión con los vecinos y llevar este conflicto “a todas las administraciones posibles”. “Vamos a presionar al Gobierno central y al Ayuntamiento de San Fernando para que, junto con la Junta, paralicen los derribos y protejan este entorno natural”, sentencia José Ignacio García.
ECOLOGISTAS APOYA A COSTAS
Representantes de Ecologistas en Acción sí han mantenido días atrás una reunión precisamente con el jefe de la Demarcación de Costas de Cádiz, Patricio Poullet, para presentarle su proyecto de ampliación de los parques naturales litorales de la provincia; pero además se abordó la situación de La Casería.
Poullet repasó el estado de los expedientes de recuperación del DPMT ocupado por varias casetas y dos restaurantes, y de la “firme voluntad” del Miniecolosterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de desalojar esas construcciones ilegales. Así mismo, informó del proyecto de paseo peatonal y ciclista, así como de playa artificial que tienen previsto ejecutar.
Ecologistas mostró en el encuentro su apoyo al cumplimiento de la Ley de Costas, y a la recuperación del DPMT usurpado, “tanto en La Casería como en todo el litoral de la provincia”, mostrando su “perplejidad” ante las manifestaciones de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y del delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta, Daniel Sánchez, que “piden que no se aplique la ley y se ampare a quienes han construido ilegalmente en suelo público protegido”.
Esta asociación ya se pronunció meses atrás a favor del retranqueo de las casetas de pesca a la zona de servidumbre del DPMT, que es de propiedad municipal, pero ha pedido a Poullet que se estudien medidas legales para mantener el bar El Bartolo, “por su antigüedad, por su peculiaridad, y por haber tenido una concesión legal, igual que tienen otros restaurantes en DPMT de la provincia”.
También se aplaude el proyectado paseo marítimo peatonal y ciclista, pero no la playa artificial, “que consideramos innecesaria y que obligará a sucesivas y costosas regeneraciones”. Este proyecto está en fase de borrador, y todavía debe someterse a información pública para que todas las partes interesadas puedan presentar alegaciones y propuestas. Ecologistas en Acción ya avanza que lo hará.
