Tras años denunciando incumplimientos de la concesionaria y meses de lucha de la plantilla y de “estudios” desde el Ayuntamiento buscando alternativas jurídicas a sus reivindicaciones, el Gobierno isleño ha optado por solucionar el conflicto del servicio de ayuda a domicilio apostando por su municipalización, como ya planteó Podemos en 2020, pero se le ignoró.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de San Fernando, de PSOE y Ciudadanos, ha sorprendido anunciando este martes que optará por la gestión directa del servicio de ayuda a domicilio, ahora privatizada. Y obviamente desde Podemos, que lleva defendiendo esta municipalización desde 2020, no han tardado en recriminarle que “llega tarde” a una solución “que estaba sobre la mesa desde hace meses”. IU, sin representación municipal durante el actual mandato, también ha abogado insistentemente por este camino.
A este punto se llega con una plantilla (unos 160 trabajadores, la mayoría mujeres) que lleva tiempo denunciando los incumplimientos de la actual concesionaria, la empresa Claros (el bipartito prometió que no le prorrogaría el contrato, y lo prorrogó…), y que desde hace semanas ha pasado a visibilizar en la calle su “lucha” con una “vigilia permanente” a las puertas del Consistorio. Principalmente se reclama una jornada laboral de 35 horas semanales, para ofrecer un mejor servicio a los beneficiarios, y por la salud y conciliación de las propias trabajadoras.
Según el Gobierno liderado por Patricia Cavada, después de varios meses de “intenso trabajo” estudiando todas las posibilidades jurídicas, de reuniones con el colectivo para ir abordando la situación y tras recibir un informe negativo a la propuesta de incluir cláusulas sociales en el futuro contrato del servicio, se “ha acordado” con las trabajadoras que el Ayuntamiento se hará cargo de la gestión a través de una empresa pública, como sucede por ejemplo en Chiclana.
“Esta solución que en el origen de la reivindicación era una opción que descartaban las trabajadoras, ahora, una vez descartadas las otras opciones se ha ajustado al máximo para que permita incluir sus mejoras laborales y finalmente es la opción que da solución al problema y en la que vamos a trabajar”, afirma la alcaldesa socialista en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
“la gestión a través de una empresa municipal será la vía más adecuada para garantizar la mejora del servicio al tiempo que se mejoran las condiciones laborales”
Cavada reitera que se ha adoptado esta vía tras recibir la negativa de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (dependiente del Ministerio de Hacienda), que descarta la última alternativa planteada por el Ayuntamiento de incluir en el pliego de condiciones de la nueva licitación la petición de la reducción de la jornada laboral de 39 a 35 horas semanales. Una resolución que la plantilla ha cuestionado al considerarla “parcial” y no vinculante.
“Siempre hemos defendido, a pesar de los pronunciamientos de los distintos tribunales administrativos, que la Ley del Contrato del Sector Público sí admitía la vía de incluir cláusulas sociales en los contratos públicos. Este fue el motivo por el que elevé la consulta a la Junta Consultiva del Sector Público, pero ante su negativa hemos tenido que buscar otra salida distinta para las trabajadoras”, insiste la alcaldesa.
Por otro lado, lamenta que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, conocedor de las reivindicaciones de las trabajadoras de ayuda a domicilio, “haya sido incapaz de dictar una ley que resuelva un problema generalizado en todos los ayuntamientos de Andalucía, amparándose en un Decreto que no ofrece una solución y dejando a los ayuntamientos desamparados cuando está en manos del presidente y de la consejería de Servicios Sociales poner fin a esta situación”.
Por último, Patricia Cavada asegura que “la gestión a través de una empresa municipal será la vía más adecuada para garantizar la mejora del servicio público al mismo tiempo que se mejoran las condiciones laborales de la plantilla, consiguiéndose así la reducción de la jornada laboral que viene demandando”. “Las trabajadoras y trabajadores que cuidan de nuestros mayores y de quienes no tienen autonomía deben tener unas condiciones dignas de trabajo y esto redunda en una mejora del servicio que prestan”, sentencia,
ESISA MODIFICARÁ SUS ESTATUTOS PARA SUMAR LAS NUEVAS COMPETENCIAS
Será una empresa ya existente, Esisa (creada en su momento para promover la construcción de viviendas pública y la gestión de suelo), la encargada de la gestión directa del servicio de ayuda a domicilio, “ampliando así su concepto social como empresa pública”. Para ello será necesario modificar sus estatutos. Ya se ha traslado al comité de empresa de las trabajadoras que a lo largo de este mes de agosto se realizará el análisis y la planificación de la tramitación necesaria para que Esisa asuma estas nuevas competencias.
De este modo, la Empresa de Suelo Isleño (que en los años de la anterior crisis-estafa estuvo a punto de desaparecer) iniciará en los próximos meses una nueva etapa de cambios tanto de competencias como de imagen corporativa, “todo ello encaminado a impulsar su actividad y promover su potencial como empresa pública”.
“Trabajaremos intensamente para que en el plazo máximo de un año, conscientes de la dificultad que conlleva, esté culminado todo el procedimiento administrativo”, ha apostillado la alcaldesa.
UNA “BUENA NOTICIA” QUE “LLEGA TARDE”, PARA PODEMOS
Podemos ya pidió en 2020 precisamente que Esisa ampliara su concepto social para poder gestionar los servicios de limpieza y de la limpieza de la playa y el servicio técnico del centro de congresos. Una ampliación que entonces no apoyó el Ejecutivo de Cavada, y que ahora “se ha demostrado como una opción seria y realista” para gestionar servicios externalizados del Ayuntamiento, como este servicio de ayuda a domicilio, “y para garantizar el mejor servicio y las mejores condiciones laborales para las plantillas”.
En este sentido, la portavoz municipal de la formación morada, Ana Rojas, ha mostrado su “satisfacción” por esta decisión del bipartito, pero ha recriminado que no haya apostado por la gestión directa del servicio antes, y ha exigido que durante todo el proceso “se cumpla con todas las garantías para las trabajadoras”. Al respecto, pide que se “aceleren los plazos” para que el servicio “sea municipalizado cuanto antes” y acabar “por fin” con un conflicto laboral que se inició “desde el primer momento que la empresa Claros se hizo con la gestión”.
Podemos ha insistido y defendido en numerosas ocasiones la municipalización de este servicio, “incluso en el pleno en este mandato con una moción en febrero de 2020, pero el gobierno de PSOE y Cs votó en contra, así que ahora nos alegra que hayan recapacitado y por fin den este paso”.
Rojas reitera que es una “buena noticia” que se haya encontrado la fórmula para que las reivindicaciones de las trabajadoras puedan ser una realidad e insta al Gobierno local “que no dé ni un solo paso en el proceso sin las trabajadoras, buscando siempre el consenso con ellas e informándolas puntualmente de cada toma de decisión”. Una información que “también debe llegar a la oposición porque tenemos que estar vigilantes y confirmar que efectivamente se cumple con las reivindicaciones de las auxiliares”.
